El teletrabajo de los funcionarios podrá llegar al 40% de la jornada

Los funcionarios de la Administración General del Estado que se acojan a la prestación de servicios desde casa, mediante el sistema de teletrabajo, no podrán superar el 40% de la jornada semanal, según el borrador de decreto que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha remitido a consulta del Consejo Económico y Social (CES). España, tras Estados Unidos e Italia, será el tercer país del mundo en legalizar el trabajo telemático.

La flexibilización del marco laboral de los funcionarios estatales puesta en marcha a través del Plan Concilia avanza un paso más con la regulación del trabajo telemático desde casa. A este sistema se podrán acoger 230.000 funcionarios o empleados laborales de la Administración General del Estado; no así los otros 260.000 que prestan servicios en el Ejército, las Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal de Justicia.

El Ministerio de Administraciones Públicas calcula que serán unos 20.000, un 10% de la plantilla, los que se acojan al teletrabajo, según las primeras evaluaciones del plan piloto que puso en marcha en diciembre pasado con 110 funcionarios de sus servicios centrales. La experiencia ha demostrado que el trabajo de estos empleados telemáticos ha superado con creces los objetivos fijados. El 60% de quienes se han sometido a estas pruebas son mujeres, de las cuales dos tercios tienen hijos a su cargo.

La conciliación del cuidado de los hijos o personas dependientes con el trabajo es precisamente la finalidad del Plan Concilia. En este caso y según el borrador del decreto se definirá teletrabajo como "la prestación de servicios de carácter no presencial del funcionario o empleado laboral en parte de su jornada laboral desde su domicilio, mediante el uso de medios electrónicos, siempre que las necesidades del servicio lo permitan".

Aprobado antes del verano

Naturalmente, ningún funcionario que atienda una ventanilla podrá hacerlo desde su casa. Esta modalidad de trabajo será voluntaria y nunca podrá exceder el 40% de la jornada laboral, ni supondrá una merma en las retribuciones ordinarias. Los funcionarios tendrán como mínimo dos años de antigüedad y desempeñarán una tarea incluida por el ministerio correspondiente en un programa de teletrabajo que se elaborará y auditará anualmente. El equipamiento y las líneas de comunicación necesarias correrán a cargo de los ministerios.

Para el responsable de esta iniciativa, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, "es lógico empezar por dar ejemplo con la propia Administración, que es la empresa de todos". Aunque el sistema no es válido para todos los trabajos, la experiencia desarrollada en su propio departamento de la prueba piloto "ha sido muy positiva", dice el ministro en declaraciones a EL PAÍS. "Nos hemos dado cuenta de que al marcar unos objetivos y unos tiempos para cumplirlos se incrementa la productividad. Eso no suele aplicarse a otros empleos".

Cuando el informe del CES esté listo, Sevilla iniciará negociaciones con los sindicatos de la función pública para que el decreto entre en vigor antes del verano e intentará extender su aplicación a otros sectores a través de la negociación colectiva. Microsoft España, por ejemplo, ya lo incluye en su convenio colectivo.

También lo ha comentado con la CEOE, donde no ha observado reticencias para la aplicación del teletrabajo en "aquellos empleos que lo admitan". El ministro recuerda que se trabaja en una directiva europea para impulsar el teletrabajo. "Hay que tener en cuenta que las normas que facilitan la vida laboral generan una relación beneficiosa para el trabajador. Y ya se sabe que un trabajador contento tiene más rendimiento".