El déficit de la Administración central se reduce un 20% en el primer trimestre

Las erráticas cuentas públicas de Grecia y Portugal traen, otra vez, zozobra a los mercados financieros. "En la medida que cumplamos lo que nos hemos planteado, resistiremos la crisis", ha recetado el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ante la nueva ola de incertidumbre. En primera línea de esos compromisos está la reducción del déficit público. En 2010, se logró lo prometido. Este año, con los datos del primer trimestre en la mano, Ocaña ha mantenido hoy que, al menos en lo que toca a la Administración central, la evolución presupuestaria "está en línea" con el objetivo: bajar el déficit público conjunto de todas las administraciones del 9,2% al 6% del PIB para final de año. Queda por despejar la incógnita de las comunidades autónomas.

Las cifras presupuestarias hasta marzo, divulgadas por Ocaña en conferencia de prensa, revelan que el déficit de la Administración central se paró en 6.900 millones de euros, un 20% menos que en el primer trimestre de 2010. Un recorte que se explica porque los ingresos cayeron (16%) en menor medida que los gastos (24%). En un sitio y el otro pesa el cambio del sistema de financiación autonómica: el Gobierno ingresa menos porque ha aumentado la cesión (del 33% al 50%) a las comunidades de lo que recaudan los grandes impuestos. Eso se compensa con una menor transferencia de recursos a las comunidades. En este menor gasto influye además que el Gobierno ha empezado a descontar el primer pago de lo que las comunidades le adeudan por haber recibido dinero de más (hasta 25.000 millones) del sistema de financiación en 2009.

Si también se tiene en cuenta que el Gobierno ha dejado de subvencionar inversiones extraordinarias en los municipios (cosa que sí hizo en 2009 y 2010), el recorte en gasto público, que Ocaña ha considerado "esencial" para alcanzar los objetivos prespuestarios, es menos significativo. El secretario de Estado de Hacienda ha enfatizado, eso sí, que la partida de sueldos y salarios de los funcionarios y empleados públicos refleja una caída del 5,1%, dato que coincide ya con el objetivo de recorte en el gasto de personal que se había marcado la Administración central.

La liquidación presupuestaria refleja la recaudación de los impuestos antes de que se distribuya entre las Administraciones. Eso permite comprobar que los ingresos impositivos crecen un 2,7% respecto al primer trimestre de 2010, al superar los 41.850 millones de euros. El impuesto sobre la renta aumenta algo menos (un 2,4%), de la mano del incremento de las retenciones a las rentas de los trabajadores. En este ejercicio opera ya la nueva escala del impuesto, que eleva el gravamen para los contribuyentes que declaren más de 120.000 euros.

Los datos de la Seguridad Social abonarían la idea de que se consolida una leve mejora en el ámbito laboral. Según informó el Ministerio de Trabajo el balance del primer trimestre subió un 2,4% respecto a 2010, para dejar el superávit en 6.089 millones de euros. Es el primer avance desde septiembre de 2008. Pero se debe en mayor medida al descenso de las cotizaciones de desempleados que tiene que asumir la Seguridad Social (en muchos casos, porque se agota el derecho a la prestación), que al leve aumento de las contribuciones.

Con el impuesto sobre la renta aún dando señales de estancamiento, es el IVA el que tira de la recaudación, con un aumento del 8%. Aquí es determinante la subida del tipo que se aprobó en julio (del 16% al 18%). Ocaña añadió que, si no se hubiese adelantado el calendario de devoluciones, el incremento llegaría al 13%. Es un comportamiento bien distinto al de otros impuestos indirectos que el Gobierno también subió el año pasado, como los aplicados a hidrocarburos y tabaco.

A diferencia de lo que han hecho la mayoría de las empresas con el IVA, las distribuidoras de carburantes y las tabaqueras han trasladado íntegramente la subida de impuestos al consumidor. En el caso de las tabaqueras, el Banco de España advirtió que el aumento de precios fue incluso mayor que lo que determinaba el alza impositiva. Ocaña ha indicado que la caída del consumo era, en ambos casos, la explicación del descenso en la recaudación, más intenso en el impuesto del tabaco (-5,5%) que en el de los carburantes (-2,7%). Y ha dado otras razones: en los carburantes, el efecto de la escalada del petróleo en los precios, que desanima el consumo. En el tabaco, la prohibición de fumar en centros de trabajo, bares y edificios públicos, operativa desde principio de año.

"En enero, el consumo de tabaco bajó un 30%, pero desde entonces la tendencia se ha amortiguado, habrá que esperar un mes o dos para sacar conclusiones", ha explicado Ocaña, quien no ha entrado a valorar la incidencia del aumento del contrabando, uno de los argumentos esgrimidos por la patronal tabaquera. Hacienda pensaba recaudar hasta 780 millones extra con la subida del impuesto al tabaco; Ocaña ha admitido que "por ahora" gana la política sanitaria.