La rebaja de cotizaciones enfrenta a Gobierno y patronal

Los empresarios acuden a todas las reuniones del diálogo social con una demanda principal bajo el brazo: la rebaja de las cotizaciones sociales. Esa cantidad, que supone un 28% del salario bruto, sirve para sufragar las pensiones que los trabajadores cobrarán en un futuro. El argumento que esgrime la patronal es que si se rebajan esas cuotas, la carga fiscal sobre la contratación será menor y se podrá crear más empleo. Pero el Gobierno es reacio a aceptar esta demanda justo ahora, cuando se debate una reforma de las pensiones que debe garantizar la sostenibililidad futura del sistema.

La aportación de empresarios y trabajadores a las arcas de las pensiones es de las más elevadas de la OCDE, según datos de esta organización, que aglutina a las 30 economías más desarrolladas del mundo. El 28,3% de España supera la media de esos países (21%), aunque los datos no son totalmente homologables. Hay que tener en cuenta que algunos países obligan por ley a sus empresas a hacer contribuciones a fondos de pensiones privados, una cantidad no incluida en esa estadística, aunque supone igualmente una carga para las compañías.

Las compañías piden pagar menos para crear más empleo

El Banco de España recomienda eliminar los topes de cotización

Si se toman los datos del Banco de España sobre cotizaciones sociales en la empresa manufacturera (no hay datos del resto), el porcentaje de esos pagos sobre la cifra neta de negocio representa un 2,8%, igual que Finlandia y por debajo del 4,4% de Francia y el 3,4% de Portugal.

"La rebaja de cotizaciones no tiene ningún margen [en la reforma de pensiones]", zanja el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Este alto cargo alude a la parte de las cotizaciones destinada a garantizar el sistema de pensiones; hay otras cuotas, adicionales a ese 28,3%, que engrosan la hucha del desempleo, el Fondo de Garantía Salarial y la caja para accidentes laborales y enfermedades profesionales. Ahí sí puede haber algún cambio, sometido ahora a debate en la reforma laboral que intentan pactar Gobierno, patronal y sindicatos.

La CEOE ha rehusado pronunciarse sobre este asunto con el argumento de que sus dirigentes no quieren interferir en la negociación sobre reforma laboral. No obstante, fuentes empresariales detallan la postura oficial de este colectivo: existe una "sobrecotización" a la Seguridad Social que "penaliza el empleo y la competitividad de las empresas". La patronal critica que se haya mantenido el excedente del fondo de pensiones en un año de crisis como 2009 en lugar de destinar ese dinero a rebajar cuotas.

"Me parece suicida pensar en una rebaja de las cotizaciones", considera César Molinas, director de la consultora Multa Paucis y autor de un estudio de pensiones para la Fundación de Estudios Financieros. Este experto rechaza que las pensiones se puedan financiar con impuestos como el IVA, pues "tienen que ser aportaciones contributivas".

Como solución para mejorar los ingresos, el Banco de España propone en un informe sobre reforma de las pensiones elevar las cotizaciones, aunque reconoce que esa medida podría tener "consecuencias negativas sobre el empleo". Más plausible considera eliminar los topes salariales (máximos y mínimos) sobre los que se aplica la cotización. En la actualidad, por muy elevado que sea un salario, la cotización se calcula como un 28,3% sobre la base máxima, que son 3.198 euros al mes. Quitar ese tope y también el mínimo (738,9 euros al mes para ayudantes, oficiales, subalternos y otras categorías similares) "convertiría el impuesto en proporcional y eliminaría su actual regresividad", apunta el Banco de España, es decir, habría una mayor correspondencia entre retribuciones y aportaciones.

Otra de las sugerencias del Banco de España para sanear las cuentas apunta precisamente a una de las disfunciones del sistema: la frontera difusa que existe entre lo contributivo y lo no contributivo. Las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social deberían servir sólo para financiar pensiones contributivas (las de aquellos que han cotizado) y no las no contributivas o la cantidad que el Estado aporta a la pensión del que no ha cotizado lo suficiente para llegar al mínimo legal. En la actualidad aún hay más de 4.000 millones de euros anuales que deberían salir de los Presupuestos Generales del Estado pero que se detraen de las cotizaciones sociales. Este organismo recomienda separar esas dos partidas completamente y "garantizar que la totalidad de los superávits que se están produciendo en el sistema contributivo se mantengan en el propio sistema y sirvan para aumentar el Fondo de Reserva".

Ésta es una de las reclamaciones que más acuerdo concita entre empresarios, sindicatos y expertos. En principio, la fecha límite para que el Estado financie íntegramente la parte que complementa las pensiones que no llegan al mínimo era 2013, pero las urgencias presupuestarias y la necesidad de reducir el déficit con recortes adicionales ponen en duda ese horizonte. "Habría que culminar ya esa separación de fuentes", reclama Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de Comisiones Obreras. Carmen López, de UGT, añade que si en un futuro las cotizaciones sociales no bastan para sufragar las pensiones, "el Estado tendría que hacer aportaciones" para garantizar que el sistema no se venga abajo.