El problema de la independencia

El conflicto entre el banco central y el gobierno de Argentina pone de relieve algunos de los problemas clásicos ligados a la autonomía de los bancos centrales, complicado en este caso con algunas características peculiares del marco institucional argentino. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se encuentran en una encrucijada muy compleja, con el trasfondo de un cuarto poder, la autoridad monetaria, cuya independencia está en entredicho.

Ahora bien, ¿en qué consiste la autonomía del banco central y cuáles son sus límites? ¿Cómo y ante quién debe rendir cuentas? El Banco Central Europeo, posiblemente el más independiente del mundo, contempla cuatro facetas en su independencia: funcional (objetivos claros y jerarquizados), institucional (ni la institución ni sus miembros pueden recibir instrucciones), personal (los gobernadores sólo pueden ser destituidos si "han dejado de cumplir las condiciones requeridas para el desempeño de sus funciones o han cometido falta grave") y financiera (debe disponer de suficientes recursos financieros para llevar a cabo su mandato).

El Banco Central de la República Argentina no está entre los más independientes del mundo, pero tiene una autonomía suficiente. De hecho, en algunas clasificaciones recientes se sitúa sólo ligeramente por debajo de los bancos centrales del área del euro. De acuerdo con su carta orgánica, "es una entidad autárquica del Estado nacional, cuya misión primaria y fundamental es preservar el valor de la moneda. En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera no está sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional".

El conflicto desatado esta semana tiene que ver con una autonomía de facto muy inferior a su autonomía legal, así como con un deterioro del marco institucional argentino en los últimos años. Desde el impago de la deuda externa declarado en 2001, que todavía colea en los tribunales internacionales, los sucesivos gobiernos argentinos se ha embarcado en una huída hacia delante, con medidas populistas, arbitrarias y distorsionadoras, como los impuestos a las exportaciones de materias primas y la nacionalización de los fondos de pensiones privados.

El problema de fondo concierne a las reglas de manejo de las reservas del banco central, sus mecanismos de rendición de cuentas y quién tiene capacidad, en su caso, de cuestionar la conducta de su gobernador. El argumento de la Presidenta Cristina Fernández es que el uso de la reservas es la manera más eficiente y barata de reducir la deuda pública. También el préstamo directo del banco central es la manera más barata (a corto plazo) de financiar el déficit público, pero la prohibición de esta llamada "financiación monetaria" es un complemento imprescindible de la autonomía del banco central. En otras palabras, la autonomía del banco central es inoperante en ausencia de autonomía financiera.

El nombramiento de Martín Redrado como presidente del banco central fue recibido en su momento con cierto escepticismo, por su estrecha vinculación al peronismo, y ha sido criticado, por ejemplo, por mantener el tipo de cambio artificialmente bajo (lo que ha ayudado, por cierto, a recuperar el nivel de reservas) y establecer sus objetivos de inflación respecto a un índice de precios que tiene muy escasa credibilidad, nuevamente por intrusión gubernamental (aunque el cálculo le corresponde al instituto de estadística). Su firmeza en este caso es admirable, aunque es incierto cómo se resolverá la grave crisis institucional que se ha creado.

Santiago Fernández de Lis es socio de Analistas Financieros Internacionales