Los presupuestos ponen a prueba la credibilidad de las autonomías

Cuando las agencias de calificación crediticia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España coinciden, los inversores toman nota. Se señala a las comunidades autónomas como el eslabón débil del drástico plan español de ajuste presupuestario. Y el mercado se repliega. Mientras el Tesoro logra colocar toda la deuda programada por el Gobierno y elude el castigo que sufren otros títulos europeos (Irlanda, Grecia), no ocurre así con las emisiones autonómicas. Ante el cerrojazo, Cataluña ha anunciado que tratará de colocar hasta 2.000 millones en bonos a un año directamente entre particulares.

Las dudas sobre el compromiso autonómico con el recorte del gasto se han extendido y todas las miradas se centran ahora en los presupuestos de las comunidades para 2011, el año más exigente en el plan de ajuste. Es, además, año electoral en casi todas ellas, algo que suele dificultar la moderación en el gasto público.

Los datos públicos no permiten saber cómo evolucionan las cuentas

Los expertos piden más instrumentos de control para el Gobierno central

"El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías", proclamó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la pasada semana en el Congreso. Abundaba así en argumentos esgrimidos antes por las agencias de calificación (en un goteo incesante de rebajas de los ratings de las comunidades) y por el FMI. El reto de reducir el déficit público del 9,3% (2010) al 6% (2011), el nudo del plan del Gobierno contra la crisis, quedaría así en entredicho. El gobernador añadió que "habría que buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades" y citó como ejemplo el techo de gasto que se autoimpone el Ejecutivo central cada año.

Fernández Ordóñez cargó también contra la falta de transparencia de las comunidades. A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, que informa mes a mes de la ejecución del presupuesto en vigor, las comunidades están obligadas a hacer liquidaciones trimestrales, pero muy pocas las publican, y en muchos casos lo hacen tarde y con criterios que dificultan la comparación. El resultado es que no hay forma de comprobar si las comunidades están cumpliendo el plan de ajuste acordado en junio, que fijaba el déficit autonómico en el 2,4% del PIB para este año. Una circunstancia que ahora, cuando en el mercado cala la idea de que no son capaces de recortar gasto, se ha vuelto contra las propias comunidades.

"Con los datos públicos que hay disponibles no se puede saber cuánto están gastando las comunidades", corrobora Diego Pedregal, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. La falta de datos empujó a Pedregal, junto a Teresa Leal (Universidad de Huelva) y Javier Pérez (Banco de España), a crear un modelo -publicado en la revista científica de la asociación española de economistas-, que permitiera predecir "en tiempo real" la evolución presupuestaria. Pero Pedregal admite que la falta de calidad de los datos municipales y autonómicos dificulta el empeño.

Quien sí tiene datos es el Ministerio de Economía, aunque no los haga públicos. Y su conclusión es diametralmente opuesta. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, rechazó que fuera necesario poner más controles y se mostró convencida de que las comunidades cumplirán en 2011, cuando el plan presupuestario les exige bajar el déficit del 2,4% al 1,3% del PIB. Con la información que le han suministrado las comunidades hasta ahora, también están cumpliendo este año, según un portavoz de Economía. El ministerio recuerda que en junio, además de los planes de reequilibrio, también se aprobaron nuevas reglas de endeudamiento, que obligan a dar más información sobre la marcha de los presupuestos.

"El objetivo fijado para 2011 para las comunidades es muy difícil de cumplir, en la mayoría de los casos supone reducir el presupuesto más de un 10% de un año para otro, es demasiado", tercia Santiago Lago, experto en financiación autonómica. El profesor de la Universidad de Vigo recuerda que dos tercios del presupuesto autonómico corresponde a sanidad y educación, donde el aumento de la población y el consenso político hacen casi imposible los recortes.

Y que el tijeretazo en el resto de la Administración (empresas públicas, cargos de confianza, consejerías e incluso inversión), más o menos intenso según la comunidad, no alcanza. "Están empujándolas a fórmulas que no computan para el déficit, pero que aumentan la deuda, como retener el pago de facturas a los proveedores o hacer obras con financiación público-privada", afirma.

Lago considera que, más que reformas normativas, como las que exige Ordóñez, es necesario un compromiso político de control presupuestario, que debería traducirse en mayor transparencia informativa o en un debate amplio sobre cómo financiar el sistema sanitario. "Con los datos que hay disponibles es prácticamente imposible hacerse una idea de cómo va el gasto autonómico", coincide Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico (CSIC).

De la Fuente también aboga por "suavizarles la senda de reducción del déficit", pero sí es partidario de "endurecer las leyes de estabilidad presupuestaria", en el caso de que una comunidad incumpla lo pactado. "La autorización de las emisiones de deuda es un instrumento de negociación, pero es muy difícil pensar que, a las malas, el Gobierno no les vaya a dejar emitir para cubrir gastos", objeta el investigador del CSIC. "El Gobierno tendría que tener otros instrumentos para actuar antes en los presupuestos de las comunidades que incumplan, impidiéndoles realizar determinados gastos u obligándolas a subir impuestos", añade.