El exabogado de Ruiz-Mateos pide prisión para sus seis hijos
Yvancos reclama esta medida por el caso de Nueva Rumasa
El exabogado de José María Ruiz-Mateos Joaquín Yvancos pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el ingreso en prisión de los seis hijos varones del empresario y de los actuales dueños del entramado Nueva Rumasa. Después de 27 años como letrado del fundador de este grupo, Yvancos ha solicitado esta medida cautelar dentro de la causa que investiga la presunta estafa a los inversores de pagarés.
El abogado representa a 15 afectados y pide al juez que "proceda de inmediato y con carácter urgente a su detención y prisión provisional", eludible bajo fianza, y al embargo de sus bienes, valorados en 290 millones. Los querellantes consideran que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La petición fue formulada contra los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, el sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura en paraísos fiscales, Alfonso Barón Rivero, el actual dueño de Nueva Rumasa, Ángel del Cabo, y sus colaboradores Iván Losada (director general de la empresa en la actualidad) y Fernando Lavernia.
La querella les acusa de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, administración desleal, alzamiento de bienes, falsificación de documento mercantil y contable, así como supuestos delitos contra los intereses de los consumidores. Yvancos asegura que la operación de compraventa de De Cabo, a través de la sociedad Back in Business, fue un "auténtico fraude" ya que pretende "evitar ejecuciones de bienes y eludir el pago de cuantiosas obligaciones".
La querella acusa también a Rocío Ruiz-Mateos, la hija del fundador de Nueva Rumasa, y a Luis Ojeda, su marido, residentes en Ginebra, de sustraer obras de arte por valor de más de 750.000 euros de la casa familiar de Somosaguas (Madrid). José María Ruiz-Mateos y su esposa Teresa Rivero así como sus otras seis hijas no han sido acusadas porque renunciaron a sus derechos en el entramado en 2004.
El abogado también reclama la responsabilidad civil subsidiaria del Estado "por no haber puesto freno a la brutal estafa", a pesar de las numerosas campañas de publicidad en medios de comunicación de Nueva Rumasa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había advertido en diferentes ocasiones de que las inversiones no estaban respaldadas por los fondos de garantía de depósitos.
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