La empresa de Nueva Rumasa que lanzó los pagarés suspende pagos

Nueva Rumasa comunicó ayer la presentación del concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, por parte de Carcesa en un juzgado de Badajoz. Carcesa fue la primera empresa del grupo que colocó una emisión de pagarés entre inversores, los cuales quedan ahora atrapados en la nueva situación judicial.

Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), que opera con las marcas Apis y Fruco, captó más de 70 millones en pagarés con la promesa de dedicar los fondos a comprar empresas, pero, como desveló EL PAÍS, no dedicó el dinero a eso sino a reducir su deuda con los bancos y a prestar dinero a otras sociedades de Nueva Rumasa. Además, las cartas de Ruiz-Mateos a directivos del Santander demostraron que el grupo no estaba en posición compradora pese a lo que decía a los inversores.

Nueva Rumasa señaló ayer que insta el concurso "con el objetivo fundamental de proteger los intereses de sus empleados, inversores y acreedores y garantizar la viabilidad futura de la compañía".

El grupo también prevé presentar antes del martes el concurso de acreedores para cuatro bodegas de Jerez. Según confirmó ayer Ignacio Muñoz, directivo del grupo en Andalucía, la decisión "está tomada" y se hará efectiva una vez que concluyan los trámites. La antigua suspensión de pagos será voluntaria y afectará a las firmas jerezanas Garvey, Zoilo Ruiz-Mateos y Valdivia, así como a la sanluqueña Teresa Rivero, una de las últimas adquisiciones del grupo. Para Muñoz, la medida se adopta para lograr "la viabilidad de las empresas" y salvar "el máximo de puestos de trabajo".

Desde Nueva Rumasa no concretaron ayer sí habrá despidos en esos centros. "Primero hay que analizar todas las variables y después tomar decisiones", explicaron. La familia Ruiz-Mateos ya ha reunido a los trabajadores, más de 300 en la comarca, para informales del concurso.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se irá haciendo cargo de los salarios impagados de las compañías de Nueva Rumasa que entren en concurso de acreedores, una vez se cumplan todos los trámites. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo ayer que muchas empresas del grupo son "salvables" con un cambio en la gestión.

Por otro lado, según adelantó ayer Cinco Días, José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero de Nueva Rumasa, que ya tiene antecedentes penales, afronta una petición de tres años y seis meses de prisión. La fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona le acusa de estafa y falsedad en documento mercantil por unos pagarés tras una denuncia de la cárnica Prograsa.