La dependencia sí es sostenible

Este pasado Primero de Mayo se han cumplido 40 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, normativa que tuve el honor de impulsar durante mi etapa al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Cumplíamos así con dos de los principales compromisos con los que el PSOE había concurrido a las elecciones generales de marzo de 2004: aprobar una Ley Básica de protección a las personas dependientes y una Red de Servicios Sociales dirigida a atenderlos, y crear un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados durante la década de los ochenta, se convertía en el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Hoy 546.610 personas dependientes disfrutan de alguna prestación

La ley reconoce un nuevo derecho de ciudadanía: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado, que les garantiza, en función de su grado de dependencia (moderada, severa o gran dependencia) una serie de prestaciones, las cuales desde entonces pueden ser exigidas administrativa y jurisdiccionalmente.

Cuatro principios inspiraron los pilares en que se sustenta la ley. El primero, el carácter universal y subjetivo del derecho, que nos es inherente desde que nacemos y al que podemos acogernos a lo largo de nuestra vida, bien por el deterioro físico propio de la edad, bien por ser víctima de enfermedades, accidentes o cualquier otra circunstancia que limite nuestra autonomía. Precisamente este principio es el que nos llevó a crear un sistema de atención integral y diferenciado, el SAAD, una red pública que integra de manera coordinada centros y servicios, públicos y privados, debidamente acreditados.

En segundo lugar, la promoción efectiva de la igualdad de género, pues, tradicionalmente, recaía en la mujer el cuidado de familiares dependientes, un trabajo hasta entonces no remunerado y que limitaba su desarrollo profesional.

En tercer lugar, la dimensión social de la normativa, la cual, al favorecer el mantenimiento de una mayor autonomía personal, se convierte en un arma eficaz para luchar contra la soledad, una de las lacras que con mayor resignación soportan muchas personas, en especial de avanzada edad.

Y en cuarto lugar, el impulso que supone para la economía el desarrollo de la ley, pues, según datos del Libro Blanco de la dependencia, la implantación del SAAD, que concluirá en 2015, habrá permitido crear 263.000 empleos de calidad adicionales, principalmente de profesionales que atienden, en casa o en los centros de nueva construcción, a las personas dependientes. Actualmente ya, en 2010, y sólo por la implementación de la normativa, se han generado alrededor de 100.000 empleos con su correspondiente alta en la Seguridad Social.

En 2004, los recursos que destinaban las administraciones en la atención pública a la dependencia ascendían globalmente a 2.800 millones de euros, o sea, el 0,33% por del PIB de ese año. Según el Libro Blanco de la dependencia, el despliegue alcanzado ya en 2010 de la red del SAAD, y su mantenimiento, supone, a día de hoy, un gasto aproximado de 6.000 millones de euros (la suma entre las aportaciones del usuario y la inversión del Estado y las comunidades autónomas, CC AA). Esta cantidad equivale al 0,57% del PIB (del último trimestre de 2009). Esta perturbación tan positiva en la economía permitirá añadir, a mayores, un 0,34% al crecimiento estimado del PIB para este año. Y, según la memoria económica de la propia normativa sobre dependencia y, de acuerdo a datos manejados por instituciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), el Estado (Administración General y CC AA) podrán recuperar, vía tasa de retorno por cotizaciones a Seguridad Social, impuestos, etcétera, hasta dos tercios de la inversión, lo que garantiza la viabilidad del SAAD.

La sostenibilidad del sistema está, pues, plenamente garantizada por la propia ley, que establece que los beneficiarios participarán en la financiación del mismo en función de su renta y patrimonio, de manera por tanto justa y equilibrada. Ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos.

La Ley de Dependencia está poniendo así a prueba la madurez del Estado descentralizado que nos dimos en la Constitución de 1978, pues el sistema sólo es posible gracias a la cooperación del Estado con la Administración regional y local, titulares de las competencias de servicios sociales.

El esfuerzo de todos ha merecido la pena. Hoy en día, 546.610 personas dependientes ya disfrutan de alguna de las prestaciones del catálogo (atención en residencia, centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio, etcétera) y otras 250.376 tienen reconocido el derecho a recibirla a medida que se vaya implantando el sistema.

Jesús Caldera es vicepresidente de la Fundación IDEAS.