"La decisión patronal no debe ser la clave para cambiar los convenios"

Apenas ha pasado hora y media desde que Valeriano Gómez ha salido de La Moncloa, donde el Consejo de Ministros ha aprobado la última gran reforma prometida por Zapatero a Bruselas y los mercados, la de la negociación colectiva. Gómez (Arroyo del Ojanco, Jaén, 1957) sabe que la reforma nace con una herida grave. Como otra que vivió como asesor en el mismo departamento, la de 1994, no ha sido pactada por los sindicatos y la patronal. Así que se apresta a defenderla por "equilibrada". De los polémicos cambios de última hora que han basculado la reforma hacia la patronal, niega que se deban a presiones sobre su departamento, sino a sus conclusiones sobre la obligada ronda de consultas.

"Entendemos que, siendo transitorio, el arbitraje es constitucional"

"Esta reforma ayuda a mejorar un mercado laboral muy deteriorado"

"Fernández Ordóñez tiene más tarea que el ministro de Trabajo"

"A los empresarios les da pánico ir a su banco y no tener financiación"

Pregunta. ¿Quién sale ganando con la reforma?

Respuesta. Es una reforma equilibrada. Mantenemos la protección de los derechos de los trabajadores. No desaparece la ultraactividad del convenio [prórroga automática], sino que se sustituye por un arbitraje si no hay acuerdo. Al mismo tiempo, introducimos más flexibilidad interna en las empresas.

P. El primer borrador estaba más escorado hacia la posición sindical. El decreto final ha rectificado en parte. ¿Por qué?

R. El mantenimiento de la ultraactividad se interpretó como proximidad sindical. Pero siempre habíamos dicho que la reforma de la negociación colectiva debía encontrar un equilibrio entre ultraactividad y flexibilidad interna. Es lo que hicimos. Por eso digo que el primer borrador no contenía elementos a favor de uno o de otro.

P. ¿Y por qué el cambio?

R. No veo un gran cambio. Es un primer borrador que se consulta con los agentes sociales y los grupos parlamentarios. A la luz de esa consulta reducimos el plazo de renegociación, pero siempre pensando en que no afecta crucialmente al texto.

P. ¿No le parece crucial introducir el arbitraje obligatorio? En el primer borrador los convenios no tenían que incluir el arbitraje y eso supone que la prórroga automática era permanente. Ahora en cambio hay un arbitraje obligado. La prórroga indefinida se limita.

R. Rechazo ese argumento. Fijamos un periodo transitorio por el que se establece que si no hay un acuerdo interconfederal o un convenio mínimo con una solución extrajudicial, después del proceso de revisión del convenio habrá un arbitraje. Nunca hay pérdida de ultraactividad.

P. ¿Y si las condiciones laborales se fijan a la baja?

R. Eso no es un problema de ultraactividad. El final del arbitraje es un nuevo convenio.

P. Han establecido un arbitraje obligatorio.

R. Transitoriamente, hasta que haya soluciones extrajudiciales en los convenios o acuerdos interconfederales.

P. El Tribunal Constitucional dictó en 1981 que no son legales.

R. En este caso, sí lo es.

P. ¿Por qué?

R. Es transitorio.

P. ¿Y eso convierte la nueva norma en constitucional?

R. Entendemos que siendo transitorio no hay violación constitucional.

P. No me responde, ¿cuál es la diferencia con uno permanente y lo convierte en constitucional?

R. Esta. Es transitorio, a la espera de un mecanismo que invalide la obligatoriedad.

P. ¿Teme que el Congreso endurezca más la reforma?

R. No valoro la reforma en términos de dureza o de debilidad. Además, los temas a cambiar son complementarios. No queremos modificar el plazo y el arbitraje. La solución a que hemos llegado nos parece justa y sensata para pensar en un cambio en el trámite parlamentario. Tampoco queremos una modificación que haga de la flexibilidad interna [de las condiciones laborales de las empresa] un mecanismo de pura y simple decisión del empresario. No queremos una flexibilidad interna libre. Queremos una flexibilidad interna negociada, pactada. La que necesita nuestra economía y no tiene. La libre decisión del empresario no es la clave.

P. ¿Qué garantías tiene de que se aplicará una reforma no pactada por quien ha de aplicarla?

R. Las grandes reformas [de negociación colectiva] en democracia, menos la de 1980, no han sido pactadas. Sobre todo la más importante, la de 1994. Y en cambio vivimos todavía de ella.

P. Tardó tres años en aplicarse y provocó una huelga general.

R. Es una reforma que hoy valoramos bien. En todo caso, esta vez el Gobierno se había comprometido a legislar. Prefería el pacto, pero advirtió de que había un periodo de negociación. No ha llegado el acuerdo, y nos toca cumplir con nuestra palabra.

P. El plazo legal para que sindicatos y patronal pactaran finalizó el 18 de marzo. Usted dijo que por unos días no sería, si había posibilidad de acuerdo. Han pasado casi tres meses y no ha habido pacto. Algún error ha cometido el Gobierno con los plazos, ¿no cree?

R. Era muy importante explorar la vía de la negociación. Lo que el Gobierno recibía, incluso el fin de semana anterior a la ruptura, era la convicción de los negociadores empresariales, con su presidente a la cabeza, y de los sindicales de que el acuerdo era muy probable.

P. Perdone, pero los órganos de dirección de la patronal ya emitían señales preocupantes desde mediados de mayo.

R. Los representantes de la organización empresarial son los negociadores. Y son ellos los que avanzaban su posición. Si no han sido capaces de convencer a su organización, es otro problema. Mi preocupación vino cuando conocí el documento de CEIM [la patronal madrileña]. Es la primera vez que veo a una organización inmersa en negociación con sindicatos y Gobierno decir que no hay que hacer nada que afecte a un futuro Gobierno.

P. La tesis de CEIM se ha impuesto. ¿Se ha deteriorado en CEOE la posición de Juan Rosell?

R. No lo diría así. Si ha sido o no un resultado deseado por el presidente no tengo nada que decir al respecto.

P. ¿No crean inseguridad jurídica aprobando la reforma con un decreto ley? Entra en vigor ya, pero puede cambiar en la tramitación parlamentaria.

R. Consumir tres meses sobre el calendario previsto nos ha obligado a recurrir al decreto ley. La situación empezaba a ser urgente.

P. ¿Urgente? ¿Por qué?

R. Porque la reforma ayuda a mejorar un mercado laboral muy deteriorado. Y porque un proyecto de ley hubiera sido difícil de tramitar en esta legislatura.

P. Entonces culpa a los agentes sociales del cambio de planes

[el Ejecutivo había anunciado que tramitaría la reforma como un proyecto de ley].

R. Si hubiera habido pacto en marzo o abril habría sido posible.

P. ¿Servirá esta reforma para crear empleo?

R. Dinamizará la negociación colectiva. Los convenios tardarán menos en negociarse. Se administrará mejor el conflicto...

P. ¿Creará empleo?

R. Las reformas de la negociación colectiva no crean empleo.

P. No han seguido el consejo de Bruselas de incorporar medidas sobre salarios y las cláusulas de salvaguarda.

R. Nuestra práctica nacional y la Constitución impiden que el Gobierno y la ley determinen la evolución de nuestros salarios. Somos una economía libre. Los salarios se definen en acuerdos interconfederales, sectoriales, convenios... y los salarios españoles han tenido un buen comportamiento, excepto en 2009. Incluso en 2011, cuando tengamos toda la negociación colectiva en la estadística, la evolución salarial quedará por debajo del nivel de precios.

P. ¿Se dará por satisfecho el gobernador del Banco de España con esta reforma?

R. El gobernador tiene mucho trabajo como supervisor del sistema financiero. Él tiene una tarea incluso más ingente que la del ministro de Trabajo.

P. Han facilitado el despido con el reglamento de ERE.

R. El Consejo de Estado nos dijo que no podíamos fijar como requisito que las pérdidas no fueran meramente coyunturales para justificar la razonabilidad del despido procedente. Hemos optado por establecer la posibilidad de hacerlo si las pérdidas son permanentes o transitorias.

P. Así endurecen la reforma laboral y facilitan el despido.

R. No me gusta hablar en términos de si se endurece o no. Unas pérdidas transitorias, si tienen un volumen importante, pueden amenazar la viabilidad de una empresa, y esa ha sido la advertencia del Consejo de Estado, que a mí me parece razonable. No obstante, sigo prefiriendo que en situaciones de pérdidas temporales se opte por la reducción de jornada. Ese será el criterio de la autoridad laboral.

P. Pero esto supone una rectificación sobre el borrador de enero y el guiño a los sindicatos durante la negociación de las pensiones.

R. Ni cuando se produjo la primera versión fue una visión de la reforma más próxima a los sindicatos, ni ahora se acerca al planteamiento patronal. Hemos buscado la mayor correspondencia posible con la ley.

P. ¿Rebajarán las cotizaciones sociales como pide Bruselas?

R. No. No es el momento. Tenemos importantes retos de protección social, un reto demográfico y un déficit importante.

P. ¿Sabe de algún empresario que se haya acogido al plan de Economía Sumergida?

R. Sí. Estoy seguro.

P. ¿Está seguro o lo sabe? ¿Cuántos?

R. No tengo datos en la memoria. El 31 de julio, cuando acabe el periodo transitorio, daremos cumplida respuesta.

P. ¿Cree que un empresario tiene pánico a contratar?

R. Un empresario en España a lo que tiene pánico es a ir a su banco, necesitar financiación y no tenerla. Son infinitos los ejemplos en este punto.

P. Vuelve a mirar al Banco de España.

R. Vuelvo a mirar al sistema financiero, que tiene que recapitalizarse y sanearse más.