Vodafone exige explicaciones a Industria por el fichaje de Muriel por Tuenti

Tuenti confirmó ayer el fichaje de Sebastián Muriel, que hasta el pasado mes de febrero ocupaba el puesto de director general de Red.es, como nuevo vicepresidente de Desarrollo Corporativo de la red social para adolescentes propiedad de Telefónica.

Su fichaje ha levantado ampollas en el sector. Vodafone se dirigió hace dos semanas al Ministerio de Industria para solicitar información acerca del fichaje y las tareas que desempeñaría Muriel en Tuenti, por si fueran susceptibles de entrar dentro de los supuestos que sanciona la Ley de Incompatibilidad de altos cargos. La operadora aún no ha obtenido respuesta.

Como adelantó EL PAÍS el pasado 14 de marzo, el fichaje de Muriel por Tuenti para dirigir su expansión internacional estaba completamente cerrado días antes incluso de recibir el informe preceptivo de la Oficina de Incompatibilidades del Ministerio de Administraciones Públicas, obligatorio para todos los altos cargos que dejan su puesto.

En el caso de Muriel el informe era aún más necesario puesto que solo en los tres últimos años, y bajo su dirección, Red.es adjudicó contratos a Telefónica, propietaria del 92% de Tuenti, por cerca de 100 millones de euros. Además, la operadora ha participado en varios patrocinios, entre ellos el del Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), el proyecto estrella impulsado por Muriel.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Telefónica contra una sentencia de la Audiencia Nacional que denegó sus reclamaciones por vulneración del secreto de las comunicaciones en una inspección de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que incluyó el pinchazo de teléfonos.

Telefónica consideraba que se habían vulnerado sus derechos fundamentales cuando dos inspectoras de la CMT intervinieron 52 conversaciones, en 2008, en la sede de Yacom (filial de France Télécom) entre técnicos de esta compañía y de Telefónica para asegurarse del cumplimiento del grupo español de sus obligaciones relativas al uso de sus redes por parte de otros operadores de telefonía. La Audiencia señala que las inspectoras no precisaban de autorización judicial para realizar su labor, amparada por la Ley de Telecomunicaciones.