"Vamos a tener un final de año muy duro"

En mitad de sus vacaciones, David Taguas -presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, y ex director de la Oficina Económica del presidente Zapatero- ha recibido esta semana una buena noticia: el anuncio de que el Gobierno relajará en 500 millones de euros el recorte inversor de infraestructuras. "Al menos el Gobierno ha hecho un anuncio en la buena dirección", dice. Pero aún ve nubarrones en el futuro inmediato del sector al que representa.

Pregunta. ¿Cómo afecta la alta morosidad municipal a las empresas de servicios?

Respuesta. Se ha montado un cóctel explosivo. Teníamos un sector sobredimensionado, que sufre un shock de demanda y una fuerte restricción presupuestaria. Y se aprueba una ley de morosidad según la cual las administraciones públicas tienen que pagar en 30 días. Pero si antes era obligatorio hacerlo en 60 días y la morosidad media en los ayuntamientos superó los 200 días en los últimos años, ¿por qué ahora sí se va a cumplir? Aunque tuvieran el dinero, no podrían pagar en 30 días porque en muchos casos ni siquiera hay interventor municipal.

P. ¿Qué alternativa propone?

R. Hay que buscar una fórmula con más sentido común. Si las administraciones no pueden cumplir los plazos de pago y teniendo en cuenta la peculiaridad de nuestro sector, habría que crear una vía de excepcionalidad. No puede ser que las constructoras cobren en los plazos en los que lo están haciendo y, sin embargo, tengan que pagar en 60 días. Es como si me dicen seis días o seis horas. Da igual porque es irrealizable. En la tramitación parlamentaria de la ley ha faltado sensibilidad.

P. ¿Qué panorama ve a la vuelta del verano?

R. Si no arreglamos esto, vamos a tener un final de año muy duro. Las empresas tendrán que reducir plantillas para ajustarse a la demanda, a las nuevas condiciones financieras y a la ley de morosidad. Ya lo están haciendo. En la medida en que consigamos suavizarlo, será más razonable. Hemos llegado a julio muy mal. La situación de los pagos no ha cambiado y se aprueba la ley de morosidad y el recorte de inversión pública.