La Seguridad Social ordena embargar bienes de Nueva Rumasa

La situación de las empresas de Nueva Rumasa se complica cada día que pasa. El director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, ha advertido este miércoles que ya le ha dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación y ha confirmado la orden de llevar a cabo embargos preventivos de bienes propiedad de sociedades de la familia Ruiz-Mateos. No obstante, Aibar ha asegurado que la medida no impide el normal desarrollo de la actividad de la empresa. "Hemos embargado de manera prudente, pero sin hacer dejación de responsabilidades" con el fin de que los trabajadores no sufran ningun tipo de perjucio, ha añadido.

Además de no estar al día con la Seguridad Social, el nuevo imperio reorganizado por José María Ruiz-Mateos acumula impagados por valor de 76 millones de euros, según diferentes registros de morosos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Los datos corresponden a una pequeña parte de las empresas del grupo, que está formado por más de 60 sociedades. La mayoría de ellas están controladas desde paraísos fiscales y no consolidan como holding. La deuda de 76 millones es, en su mayoría, créditos con vencimientos impagados tanto a cajas como a bancos.

Durante la presentación del balance de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social de 2010, Aibar ha explicado que la decisión de efectuar dichos embargos se ha producido después de que la empresa no estuviera al día en el pago de las cuotas y haya incumplido los aplazamientos que le fueron concedidos. "Hemos facilitado la posibilidad de normalizar la situación de Nueva Rumasa y no hemos tenido éxito porque reiteradamente se han incumplido las condiciones que marcaban estas oportunidades que hemos dado a la empresa", ha asegurado Aibar, quien ha insistido en que ha existido un "doble incumplimiento" por parte de la empresa en lo que se refiere al pago de las cuotas ordinarias y de los aplazamientos.

La mejor opción, la venta

Asimismo, ha advertido de que la Seguridad Social podría ordenar nuevos embargos preventivos en el caso de que surgieran otros acreedores judiciales. "En la medida en que nosotros observemos que tenemos otros competidores por la vía judicial tendremos que tratar de anticiparnos y realizar un mayor número de embargos", ha dicho. En su opinión, una eventual venta de empresas del grupo podría "tal vez" salvar puestos de trabajo y actividad. "Eso es lo que queremos todos", ha añadido.

En concreto, la sociedad Clesa tiene una quincena de fincas gravadas con anotaciones de embargos preventivos a favor de la Seguridad Social, ubicadas en Lerma, Caldas de Reis, Utrera (Sevilla), Terrasa Y Ciudad Real, según consta en el auto judicial emitido en septiembre pasado por el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid tras la demanda ejecutiva presentada por Royal Bank of Scotland (RBS), el mayor acreedor del grupo con una deuda reclamada en los juzgados de 37 millones.

Además de la actuación de la Seguridad Social, Nueva Rumasa afronta otros embargos preventivos, en este caso de siete fincas, por la demanda interpuesta por Inversiones Insulares Radó, sociedad de la familia Radó, por impago en una operación de venta de hoteles.