Portugal reabre el debate del AVE y las obras públicas

El futuro del tren de alta velocidad entre Portugal y España está bajo el fuego de la oposición conservadora, ante la imperiosa necesidad de recortar gastos de la economía lusa. La delicada situación económica portuguesa ha reabierto el viejo debate sobre las obras públicas, que adquirió gran protagonismo en las últimas elecciones legislativas de septiembre pasado. Pedro Passos Coelho, el nuevo líder del Partido Social Demócrata (PSD), y el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido, han pedido al Gobierno que reconsidere el plan de grandes infraestructuras, que incluye, además del AVE, el nuevo aeropuerto de Lisboa y un tercer puente sobre el Tajo en la capital lusa.

"Portugal no está en condiciones de afrontar este gasto", ha dicho Passos Coelho. El presidente Cavaco, por su parte, demanda al Ejecutivo una reducción drástica del endeudamiento externo, lo que implicaría, en su opinión, poner en el congelador "todas las inversiones públicas y privadas". El partido derechista Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP) está dispuesto a intentar bloquear en el Parlamento la concesión del tramo Poceirão-Caia (en la frontera con Extremadura), cuya votación está prevista para el próximo 28 de mayo.

El Gobierno del socialista José Sócrates ha reiterado su absoluta disposición a mantener en pie el plan previsto de obras públicas, y así lo han manifestado el primer ministro y el titular del ramo, António Mendonça. Para evitar convertirse en una nueva Grecia el Gobierno ha propuesto adelantar algunas de las medidas contenidas en el Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) presentadas a Bruselas, y que estaban previstas para 2011. Concretamente, un aumento del impuesto de las personas físicas para los ingresos superiores a 150.000 euros anuales, combate al fraude en las prestaciones sociales, modificaciones al seguro de desempleo, y nueva ley de pensiones no contributivas.

Portugal ha vivido una semana bajo una intensa ofensiva de los mercados, que ha puesto de relieve la vulnerabilidad de la capacidad de hacer frente a sus compromisos. El miércoles el tipo de interés de la deuda pública portuguesa a 10 años llegó al 5,9%, el nivel más alto desde la entrada en vigor de la moneda única, en 1999. Standard & Poor's bajó dos escalones (de A+ a A-) la evaluación del nivel de solvencia. Y la Bolsa de Lisboa registró una caída del 5,3% del índice PSI-20.

Los riesgos de Portugal son elevados. Según el Banco de Pagos Internacionales, los bancos lusos tienen 8.221 millones de euros expuestos en los países de más alto riesgo. El 90% está concentrado en Grecia y el resto se reparte en países como Venezuela, Argentina, Islandia y a los Emiratos Árabes Unidos entre otros.

Ante la avalancha de malas noticias, el primer ministro recibió al líder de la oposición para calmar a los mercados. Sócrates y Passos Coelho anunciaron su voluntad de trabajar mano a mano para salir de la crisis. Paralelamente, nueve ex ministros de Finanzas han pedido hablar con el presidente de la República, para dar "un grito de alerta", según ha declarado uno de los convocantes, Eduardo Catroga, que integró el Gobierno de Cavaco. La preocupación de los antiguos ministros, de distinto signo político, es doble. Reprochan al Gobierno una falta de rumbo para afrontar la gravedad de la crisis, y critican al principal partido de la oposición la ausencia de una alternativa.

La pregunta que está en boca de analistas y dirigentes políticos es qué puede hacer Portugal para no seguir los pasos de Grecia. Los economistas reclaman un plan de ajuste serio y reformas estructurales más agresivas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, dijo que Portugal tiene que "aplicar con determinación las medidas que sean necesarias".

El semanario Expresso, referente de la prensa portuguesa, ha sido más explícito y ha reclamado la congelación del gasto público al nivel nominal del ejercicio 2009 (incluyendo las transferencias a municipios y las regiones autónomas de Madeira y Azores), un compromiso claro de rebajar el gasto en el PEC entre el 2% y el 3% hasta el año 2013, y la suspensión de todos los grandes proyectos de obras públicas.