Patronal y sindicatos certifican mañana la ruptura de negociaciones

Más de cuatro meses de negociaciones no llegarán a buen puerto. Si no lo remedia un milagro, los líderes de los sindicatos y la patronal se reúnen mañana a primera hora para certificar que entre unos y otros se abre un abismo que imposibilita el acuerdo para reformar la negociación colectiva. No obstante, parece que ambas partes no quieren que el tiempo empleado en las conversaciones sea en vano y pedirán al Gobierno que conserve aquellos puntos en los que hay acuerdo, básicamente mutuas o siniestralidad.

El pasado lunes CEOE remitió un documento a los sindicatos en el que volvía atrás en varias de las piedras angulares del potencial pacto, sobre todo en la vigencia de los convenios una vez vencido su plazo. UGT y CC OO consideran que si la patronal no da marcha atrás mañana el acuerdo será imposible.

"Con ese documento no hay posibilidad de negociar", advierte el portavoz de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano. Pero desde CEOE no recogen el guante. "No tenemos ningún cromo que cambiar. Son los sindicatos los que tendrían que ceder", señalan fuentes de la patronal.

El propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha reconocido esta mañana que la postura de la patronal ahora es más dura que en los días anteriores y que esta circunstancia complicaría el escenario para alcanzar el pacto. Un acuerdo del que estuvieron "a quince minutos" de firmar, según ha manifestado en rueda de prensa el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, pero que después de los últimos virajes parece alejarse definitivamente si nada lo remedia. Así pues, tendrá que ser el Gobierno el que legisle la nueva norma.

Los sindicatos denuncian que CEOE se ha dejado influir por voces de dentro de la organización que les exigían adoptar posturas más extremas. Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT dijo que "esto demuestra que se nota la influencia del resultado de las elecciones locales y el influjo de CEIM [la patronal madrileña]".

Los nuevos desencuentros

El principal choque radica en la prórroga automática de convenios, ahora indefinida, una vez finalizada su vigencia. Sindicatos y empresarios habían acordado que los convenios tasaran los plazos de negociación y vigencia si no hay pacto. También que, en caso de conflicto irresuelto, ambas partes acudieran a un mediador y un arbitraje obligatorio, aceptado previamente en el convenio.

El texto de la patronal, de 27 páginas, fija un plazo de vigencia del convenio de seis meses tras su finalización. Si fracasara la mediación y no hubiera un arbitraje obligatorio, el convenio decaería y prevalecería el pacto sectorial. Esta propuesta figuraba en el texto que CEIM publicó la semana pasada, donde marcaba su hoja de ruta de lo que debía ser la reforma de la negociación colectiva.

Sindicatos y CEOE también discrepan profundamente en flexibilidad interna. Los negociadores sindicales apuntan que se había llegado a un principio de acuerdo para que cualquier medida de modificación salarial, horario o de jornada se hiciera mediante pacto o a través de las comisiones paritarias (integradas por sindicatos y patronales).

La propuesta empresarial en este punto es concreta y distingue entre flexibilidad ordinaria (el empresario podrá distribuir de forma irregular el 20% de la jornada anual, unas 1.720 horas), extraordinaria temporal y la permanente. En el segundo caso, CEOE quiere que en caso de desacuerdo prevalezca la decisión empresarial, que tendrá que comunicarse con al menos dos días de antelación.

Las discrepancias alcanzan incluso al alcance de los convenios entre la plantilla. El texto de la patronal especifica que el convenio puede dejar fuera a los jefes de equipo; UGT y CC OO solo excluyen a la alta dirección.

Más allá de estas diferencias concretas, las hay también en el papel que se quiere atribuir a las diferentes instancias (comisiones paritarias, mediadores y árbitros) para desjudicializar los conflictos laborales. El papel sindical, de 23 páginas, da mucho más peso a las comisiones paritarias. En cambio, CEOE prefiere que el protagonismo recaiga en los arbitrajes.