El Gobierno italiano aprueba algunas de las reformas prometidas a la UE

Sin un discurso claro ni creíble, amenazado por sus socios en el Gobierno, enemistado con su ministro de Economía y cuestionado dentro y fuera de Italia, Silvio Berlusconi ya solo es capaz de tomar las medidas que le pide Bruselas bajo la presión directa del presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien ante la extrema gravedad de la situación saltó ayer al terreno de juego. El Gobierno decidió a última hora de ayer, en un Consejo de Ministros extraordinario muy tenso, no aprobar por decreto ninguna medida extraordinaria. Y a cambio introducirla en una enmienda a sus propios presupuestos, ahora en trámite parlamentario.

En un escueto comunicado difundido al término de una reunión de unas dos horas, la Presidencia del Gobierno se limitó a informar de la aprobación de la "maxienmienda" al proyecto de ley de presupuestos para el año que viene que tramita ahora el Senado y a indicar que en ella se recogen "en el plano normativo los compromisos asumidos por el presidente Berlusconi" en la carta que presentó ante sus socios comunitarios en el último Consejo Europeo de Bruselas de la semana pasada, y que tiene intención de llevar este jueves a la cumbre del G-20 en Cannes.

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Entre las medidas de las que los medios de comunicación, citando fuentes gubernamentales, hablaban para una posible aprobación este miércoles figuraba la privatización de algunas empresas públicas locales, así como la venta de parte del patrimonio inmobiliario del Estado. La semana pasada trascendió que en la carta con reformas de Berlusconi para los líderes europeos estaba prevista la ampliación de la edad de jubilación de los italianos de 65 a 67 años o la introducción en la Constitución italiana de la exigencia del equilibrio presupuestario, como hizo España.

En un primer momento el Gobierno baraja la posibilidad de aprobar esas medidas más urgentes en la forma de un decreto que entrara en vigor inmediatamente tras la firma del presidente de la República, Giorgio Napolitano, antes de ser convalidado por el Parlamento. Pero fuentes del partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), explicaron que Napolitano había expresado reparos a la aprobación

de un decreto con reformas que pudieran afectar a los derechos sociales, por lo que cobró peso la aprobación de una "maxienmienda" a una ley ya en tramitación parlamentaria.

Napolitano, quien goza en Italia del respeto del que carece Berlusconi, citó ayer a consulta en el palacio del Quirinal a diferentes líderes políticos y a algunos miembros del Gobierno como el titular de Economía, Giulio Tremonti. Aunque apenas hubo filtraciones, todo parece indicar que el presidente de la República quiso saber de primera mano qué apoyos mantiene el primer ministro y si sería factible, como reclama la oposición, la constitución de un gobierno de emergencia. La situación, ya de por sí complicada, terminó de emborronarse cuando Umberto Bossi, líder de la Liga Norte y socio de Berlusconi, declaró con su prudencia habitual: "Haremos la revolución si se tocan las pensiones".

El clamor es general. A la debilidad de Italia se une la falta de credibilidad de su Gobierno. Berlusconi, obligado a pactar con unos y con otros para mantenerse en el poder -su única garantía de que los jueces no logren alcanzarlo con los procesos abiertos-, ha dado muestras sobradas de no tener un plan para salir de la crisis. De hecho, es revelador que pese a las jornadas de vértigo que está viviendo el país ?señalado por los expertos como el próximo a transitar la senda de Grecia? ni él ni Tremonti, ni nadie con peso en su Gobierno haya abierto la boca. Se trata de un Gobierno mudo, noqueado, a remolque de los acontecimientos, incapaz de hacer los deberes que por pasiva y por activa le viene reclamando Bruselas. Y, antes que Bruselas, los agentes sociales. Esta noche, el país solo miraba al Quirinal esperando la solución que el presidente de la República haya podido encontrar.

"Queremos agradecer a Napolitano", declaró Pierluigi Bersani, el secretario del izquierdista Partido Democrático (PD), "por la atención y el empeño que está demostrando en un momento crucial para el país". También acudieron a la cita informal con el presidente de la República representantes del centro político italiano. Pier Ferdinando Casini, líder de Unión de Centro, quien acudió al Quirinal en compañía de los representantes de Futuro y Libertad y de Alianza para Italia, explicó de forma muy clara la situación: "Las medidas corren el peligro de transformarse en sacrificios inútiles si no se quita el lastre principal: la falta de credibilidad de Berlusconi en la comunidad internacional". Traducción libre: Casini y el resto de los representantes políticos estarían dispuestos a apoyar un Gobierno de emergencia, liderado por quien sea salvo por Berlusconi.

El único balón de oxígeno para Berlusconi procedió del administrador delegado de la empresa energética Enel (propietaria de la española Endesa), Fulvio Conti, quien, sin salirse de la petición general de medidas urgentes, advirtió de que en Italia ya "existe un Ejecutivo" y que debe ser ese Gobierno el que tome las decisiones.

El proyecto de ley de presupuestos para el año que viene se tramita actualmente en el Senado y está previsto que se apruebe allí entre el 15 y el 18 de noviembre próximos para después pasar a la Cámara de los Diputados.