El Gobierno exige a Telefónica que se haga cargo del coste del ERE

Telefónica presenta hoy en el Ministerio de Trabajo la memoria explicativa del expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicará en su filial española y al que podrán acogerse un máximo de 8.500 trabajadores en los próximos cinco años. Y el Gobierno, por boca de su ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se lo ha dejado claro: la operadora deberá hacerse cargo del coste de los trabajadores que vayan al paro.

Cuando se aplica un ERE, los dos primeros años el trabajador que se acoge al mismo cobra la prestación del desempleo del INEM, que además tiene que satisfacer su cotización a la Seguridad Social. El coste estimado en el caso de Telefónica será de alrededor de 450 millones de euros por ambos conceptos, en caso de que se apuntaran al ERE los 8.500 trabajadores.

Gómez ha aprovechado su comparencia en el Congreso de los Diputados para reiterar su rechazo al ERE de Telefónica, como ya hizo hace un mes, cuando la operadora anunció la medida inicialmente prevista para 6.000 trabajadores en tres años. "Es criticable que la compañía anuncie el ERE al mismo tiempo que se aprueba una gran retribución a sus ejecutivos", señaló el ministro en alusión al plan de incentivos para 1.900 directivos por 450 millones en cinco años.

El ministro se ha mostrado confiado en que se pueda aplicar en el caso del ERE la reforma legislativa que prepara su departamento para que las empresas en beneficios, como es el caso de Telefónica de España, que apliquen un ERE tengan que restituir al Estado los costes públicos del desempleo. En caso de que aún no esté en vigor, el ministro considera que Telefónica debe asumir ese coste.

Este asunto tan espinoso se ha trasladado a la mesa de negociación. La empresa ha asegurado que pretende sacar adelante el ERE con el consenso de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. Y estos mantienen posturas muy diferentes sobre el tema.

CC OO considera "imprescindible" que Telefónica asuma el coste del desempleo para firmar un acuerdo, mientras que para UGT no se decanta por ninguna solución "siempre que el coste, obviamente, no recaiga sobre el trabajador", informaron en fuentes de ambos sindicatos.

La dirección de Telefónica y los sindicatos tienen un mes para ponerse de acuerdo y remitir el acuerdo final, si lo hay, a Trabajo, que deberá autorizar el ERE. En caso de que lleguen a un acuerdo, la potestad del ministerio para tirar abajo el ajuste es mínima con la legislación actual en la mano, por lo que el Gobierno debe buscarse un aliado sindical en la negociación si quiere hacer valer sus tesis.