Liberalización y política económica

El autor defiende el paquete de medidas liberalizadoras y asegura que su objetivo es elevar el nivel de renta y empleo.

Pasado ya aproximadamente un mes desde su aprobación, el paquete de medidas liberalizadoras ha ido generando algunas reacciones contrapuestas. En ciertos entornos, las medidas se han calificado de insuficientes, y para otros, normalmente algunos de los directamente afectados, el plan supone un intervencionismo excesivo y la competencia que introduce será negativa para la evolución del empleo y la inversión en sus sectores. Sin embargo, este contraste de opiniones puede resultar comprensible si se toma en consideración tanto el número e importancia de los mercados en los que se ha actuado como la demanda, relativamente novedosa, pero cada vez más profunda, de mayor competencia económica que plantea la sociedad española.No obstante, más allá de las actuaciones sobre sectores concretos, es importante reflexionar sobre el objetivo fundamental que busca el conjunto de medidas aprobadas. Y éste no es otro que el intentar fortalecer la capacidad de nuestra economía para elevar su nivel de renta y empleo en los próximos años. En los últimos ejercicios, la economía española ha crecido de forma prácticamente continuada por encima del 3,5%, con una generación muy alta de empleo y sin problemas de desequilibrios externos e internos. Es decir, se ha empezado a conformar un nuevo modelo de comportamiento mucho menos "procíclico" que en el pasado reciente, pero con una mayor capacidad de perdurar y de avanzar en la convergencia real. Ello ha sido consecuencia principalmente de nuestra incorporación al euro, que determina un nuevo marco de actuación de los agentes económicos, de la reducción del déficit público y de la estrategia acometida de privatización, desregulación, reducción de impuestos y modernización del mercado de trabajo.

Ahora bien, los efectos de estas actuaciones han ido, como era lógico, incorporándose al comportamiento de los agentes económicos, por lo que, para asentar y dar mayor continuidad al nuevo patrón de crecimiento, resulta necesario tomar medidas adicionales. Y ello, especialmente si se toma en consideración las condiciones monetarias actuales en que se mueve la economía española, el deterioro de nuestra relación de intercambio producido por la subida del precio del petróleo, y la imposibilidad de modificar el tipo de cambio nominal respecto a un porcentaje muy elevado de nuestro comercio exterior para ganar competitividad.

En estas circunstancias, para prolongar sin interrupciones bruscas en el futuro la actual fase de auge económico, necesitaremos una evolución de los costes unitarios de producción al menos similar al del resto de nuestros socios comunitarios y ello requerirá de dos tipos de condiciones. En primer lugar, una negociación salarial que facilite una adecuada determinación de los costes laborales por unidad de producto. Por otro lado, unos precios suficientemente competitivos de los inputs de producción básicos, que suponen aproximadamente el 30% de la demanda intermedia de nuestras empresas. La mejor forma de cumplir esta segunda condición viene dada por la existencia de mercados de bienes y servicios con competencia efectiva, que es lo que busca garantizar el paquete de medidas. Por ello se incluyen acciones tendentes a alcanzar dichas condiciones de rivalidad, como son las que establecen la independencia de los operadores de las redes de infraestructuras que utilizan, en sectores como el de combustibles, gas natural o telecomunicaciones, o aquellas que fijan limitaciones en la actuación de los denominados operadores dominantes. En esta dirección van las medidas que restringen la apertura de nuevas gasolineras y la instalación de capacidad adicional de generación eléctrica a las empresas dominantes, o fijan el porcentaje máximo que puede introducir un único operador en el sistema nacional de gas. Lo anterior se complementa con los adelantos en los calendarios de liberalización en cuanto a la elección de suministrador de gas y electricidad, que colocan a España como el país más avanzado en estos ámbitos en Europa continental.

Además, y dada la necesidad de hacer más eficiente la supervisión de estos mercados, se incluyen dos importantes medidas de política de competencia. En primer lugar, se acorta el periodo máximo del procedimiento de control de concentraciones de siete a cuatro meses y se establece, al igual que en la regulación comunitaria o de EE UU, la suspensión de la operación hasta que culmine dicho procedimiento de control. Por otro lado, se establecen limitaciones al ejercicio de los "derechos politicos" de aquellos accionistas que tengan participaciones, directas o indirectas, superiores al 3% en más de un operador principal en determinados mercados, como el energética o telecomunicaciones, para evitar potenciales comportamientos colusivos. Por último, el conjunto de medidas se completa con una serie de actuaciones con impacto inmediato sobre el bienestar de los ciudadanos, como son aquellas relacionadas con la fiscalidad, ITV, intermediación inmobiliaria, fe pública, farmacia, etcétera.

De este modo, España se ajusta tanto a las conclusiones de la reciente cumbre de Lisboa como a las recomendaciones últimamente realizadas por la OCDE de que nuestro país para avanzar en la convergencia real deberá ir en el ámbito de la reforma estructural más deprisa que el conjunto de países europeos a los que nos queremos aproximar en renta per cápita y empleo.

No obstante, la estrategia de política económica del Gobierno debe ser más amplia que las actuaciones en los mercados de productos. Tal como se indicaba anteriormente, el comportamiento de los costes laborales unitarios es un elemento básico de nuestra competitividad. Y por ello, la modernización del funcionamiento del mercado de trabajo, que actualmente está siendo negociado por los agentes sociales, adquiere una importancia fundamental. Se trata, en definitiva, de continuar reduciendo la todavía muy elevada temporalidad de nuestra contratación, de facilitar fórmulas más adecuadas para la incorporación al mercado de trabajo de aquellos que tienen más dificultades, como es el caso de las mujeres y los jóvenes, y que la negociación colectiva refleje adecuadamente, tanto geográfica como funcionalmente, los avances de productividad que se obtengan.

El énfasis en las actuaciones sobre la oferta, es decir, mercados de productos y de factores, deriva de la nueva realidad de la política económica española en el marco del euro. Los instrumentos tradicionales de regulación de la demanda agregada, fundamentalmente el más poderoso que es la política monetaria, ya no está a disposición de las autoridades nacionales. Así, la política fiscal se convierte en la única posibilidad de actuación sobre la demanda agregada. Ahora bien, sería importante hacer una reflexión profunda sobre la capacidad de influir sobre la demanda que tiene la política fiscal en el seno de una unión monetaria y en una economía tan abierta al exterior como la española.

Seguramente, el acento de la política fiscal, más que ponerlo en el "ajuste fino" de la demanda doméstica, debería subrayar la necesidad de alcanzar objetivos de medio plazo, como es la sostenibilidad de las finanzas públicas incluso ante potenciales recesiones futuras o el facilitar el marco de actuación de la política monetaria como principal responsable de la estabilidad de precios. Es por ello que el Gobierno ha revisado recientemente los objetivos inicialmente previstos en nuestro Programa de Estabilidad para el presente ejercicio y el siguiente, adelantando al próximo año la obtención de un equilibrio presupuestario, lo que supone eliminar prácticamente el componente estructural del déficit público. Así, las cuentas públicas estarán en una situación que permitirá hacer frente a los retos de futuro de la sociedad española, garantizando el cumplimiento en cualquier circunstancia del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Luis de Guindos es secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia.