Caja Duero y Caja España acuerdan fusionarse
En Salamanca queda el núcleo del negocio mientras que León se hace con la presidencia y la sede social
Fumata blanca. A falta del visto bueno de los consejos de administración y las asambleas generales, los presidentes de Caja Duero y Caja España han acordado la fusión de las dos entidades tras un intento fallido. De esta manera, se formará la octava caja de ahorros por volumen, con unos activos de casi 50.000 millones, unos 6.000 empleados y 1.117 oficinas.
Este martes, a las diez de la mañana, los consejos ratificarán las condiciones acordados este lunes en el Parador de Tordesillas por Julio Fermoso, presidente de Caja Duero, y Santos Llamas, de Caja España.
Aunque fuentes oficiales no han querido confirmar ni desmentir el acuerdo, personas cercanas a la negociación han dado por hecho que han sido definitivas las veladas amenazas del Banco de España cuando, la semana pasada, las cajas comentaron la ruptura de negociaciones. En las reuniones de hoy y el domingo han pesado la influencia del vicepresidente económico de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, y del secretario de organización del PSOE regional, Pedro Muñoz.
El reparto
El reparto del poder, verdadero punto importante en estas reuniones, ha quedado así: en León (sede de Caja España, la más débil de la fusión) quedaría la presidencia de la futura caja; la sede social, y por lo tanto donde se celebrarán los consejos de administración y las asambleas generales. Además de la secretaría general y recursos humanos, riesgos y el departamento financiera.
En Salamanca quedaría el núcleo del negocio: la dirección general ejecutiva, la división de negocio con mandato sobre la red comercial), auditoría, control y obra social. Estaba en el alero qué pasaría con la división de informática y para evitar discusiones, han decidido repartirla en un 50% en cada seda a la espera de que algunos estudios técnicos decidan qué sistema es el más adecuado. El motivo de la ruptura de las negociaciones anteriores fue que Caja España no admitía que la dirección general estuviera en Salamanca.
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