Bruselas quiere duras sanciones contra los excesos de los mercados

La crisis financiera ha revelado las insuficiencias de la regulación del sector financiero, mucho más avanzado en sus prácticas y en sus tecnologías de lo previsto hace solo unos años por el legislador. Incluso las sanciones vigentes para quienes violen la normativa varían extraordinariamente en los Veintisiete. Contra ese estado de cosas va a presentar hoy un plan Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, que propone llegar a "sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias".

"Es una pieza represiva y correctiva", dice Barnier de su plan para homogeneizar un régimen sancionador para quienes se burlan de las reglas de juego. La misma infracción puede costar, según el país de la UE en que se produzca, entre 150.000 euros y 17,5 millones de euros, como la multa que le fue impuesta hace tres meses a Goldman Sachs en Londres por ocultar información al regulador británico. "Queremos sanciones más fuertes y que lleguen a lo penal cuando haya delitos", subraya el comisario.

Acuerdo en la UE para mejorar la lucha contra el fraude fiscal

Barnier también se propone actualizar la Directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros, vigente desde 2007, útil hasta ahora, pero urgentemente necesitada de una puesta al día para responder a la meteórica evolución del planeta financiero.

Los ministros de Economía de la Unión Europea, mientras, decidieron ayer por unanimidad reforzar la cooperación administrativa en materia fiscal para luchar contra el fraude. Tras varios meses de paralización de las negociaciones por la obstrucción efectuada por Luxemburgo y Austria, la presidencia belga de la UE ha logrado un acuerdo.

Conforme a la nueva directiva, un país podrá pedir información fiscal de una persona identificada y residente en su país a otro Estado miembro, sin que este pueda negarse amparándose en que la información está en poder de un banco o una entidad financiera.

El proyecto legislativo señala que a partir de 2015 los Estados establecerán sistemas automáticos para asegurar el intercambio de información en cinco tipos de categorías sobre la renta y el capital (salarios, pensiones, propiedad inmobiliaria, dividendos, seguros de vida), siempre que la información esté disponible. En julio de 2017 la Comisión examinará la posibilidad de ampliar la información a tres categorías más.

Para Didier Reynders, ministro de Finanzas de Bélgica y presidente de turno de la Unión, la decisión es "un paso importante en la gestión de la lucha contra el fraude fiscal y también por la gestión presupuestaria".