2.511 'cazados' por el fraude de los 500 euros

Se les busca por haber ocultado al fisco operaciones de al menos medio millón de euros. La Agencia Tributaria ha iniciado ya actuaciones contra 2.511 personas acusadas de haber defraudado grandes cantidades de dinero, utilizando como herramienta los billetes de 500 euros. Los presuntos defraudadores -más numerosos que todos los inspectores de Hacienda juntos- se enfrentan a una investigación en toda regla para averiguar por qué movilizaron al menos 1.000 billetes de 500 euros en efectivo, en lugar de recurrir a una cómoda transferencia o a un cheque.

La mayor parte de los casos se localiza en Levante, Madrid y Barcelona

El defraudador tipo es un hombre de negocios vinculado al auge del ladrillo

La investigación ha tenido un efecto disuasorio sobre potenciales fraudes

Hacienda prevé destapar operaciones importantes de los años 2004 a 2006

Hacienda sabe que las transacciones con un gran número de billetes de alta denominación constituyen un indicio de dinero negro. Consciente de esa estrecha relación, el departamento inició una investigación a mediados de 2006 para destapar las operaciones más escandalosas. Esta misma semana, la Agencia Tributaria ha concluido una parte importante de las pesquisas, en especial las referentes a irregularidades cometidas en 2003, que prescribían si se demoraban más allá de junio. El resultado es contundente: ha descubierto a 2.511 presuntos defraudadores, buena parte de ellos ligados al sector inmobiliario.

Aunque hay casos muy diversos, el retrato tipo de este defraudador es el de un hombre de negocios, vinculado al auge del ladrillo -uno de los principales focos de la economía sumergida- y con intereses en las zonas de mayor actividad: Levante, Madrid y Barcelona. Hay más personas físicas que jurídicas entre los cazados; esto es, más particulares que empresas.

España se ha convertido en un refugio de estos billetes, porque entre sus fronteras se halla casi una cuarta parte de todos los que circulan por la zona euro, una proporción excesiva para su peso económico.

Muchos de estos capos de los 500 euros tienen en su expediente más de una operación, ya sea en el mismo ejercicio fiscal o en diferentes años. Hacienda corrobora la eficacia de esta cruzada. "La inspección reconoce que es una de las actividades más efectivas que se han realizado para descubrir el fraude importante. Han salido cosas muy sustanciosas", explican fuentes de la Agencia, que rehúsan dar más pistas. Había algo más que indicios para sospechar de algo turbio en esas operaciones: el 70% de las investigadas son constitutivas de fraude.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria han pasado los últimos meses centrados en los casos de 2003. Al final han salido 1.583 defraudadores, el 63% de todos los descubiertos hasta ahora. Las investigaciones continuarán, ya que la inspección ha detectado en conjunto más de 13.000 operaciones sospechosas. Quedan por cribar la mayoría de las correspondientes a los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, que no corren riesgo de prescripción. "Se prevé que se terminen desentrañando cosas importantes", cuentan en este organismo.

Hacienda recela a la hora de ofrecer cifras sobre cuánto supone esa bolsa de fraude. Teniendo en cuenta que cada contribuyente identificado ha ocultado al fisco al menos medio millón de euros, el total eludido no puede ser inferior a 1.255 millones de euros, una cantidad que supera lo que el Estado destinará este año a prestaciones familiares. Lo más probable es que la cuantía sea muy superior. Pocas operaciones rondan el importe mínimo y además hay contribuyentes con más de una. De esas cantidades, al fisco le correspondería un 20% de media, dependiendo del tipo de impuesto que se deja de pagar (IVA, sociedades, plusvalías...).

Lo que sí se anima Hacienda a calcular es el dinero que ha ingresado sin perseguir a los contribuyentes, sólo por el efecto disuasorio que estas investigaciones han provocado en defraudadores potenciales. Desde 2004, los ingresos voluntarios casi se han duplicado, hasta alcanzar los 1.480 millones en 2007. Entre enero y mayo de este año, la cifra se acerca ya a 900 millones. La Agencia Tributaria considera que buena parte de estos ingresos responde a la onda expansiva de las investigaciones.

Algunos de estos casos se remiten directamente a la fiscalía. Se trata de los supuestos de delito fiscal, una figura que requiere un fraude mínimo de 120.000 euros y la voluntad de realizarlo. Aunque las operaciones inicialmente enviadas son pocas, Hacienda cree que el número crecerá a medida que la inspección les pase el primer filtro y se descubra que reúnen las condiciones para que los autores sean perseguidos judicialmente.

El personal de inspección tendrá ahora que aplicarse para que las arcas públicas recuperen el dinero que han dejado de ingresar por el fraude. Será un pequeño bálsamo para el erario, que en los últimos meses ve caer sus recursos con motivo de la desaceleración económica.

Los resultados obtenidos con la investigación de los 500 euros llevan a Hacienda a intentar dar continuidad a esa vía. El ministerio está elaborando un nuevo plan de prevención del fraude fiscal que incluirá el rastreo de estos billetes vinculado al fraude inmobiliario. El plan, que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tenía previsto presentar este mes, está aún en fase de redacción y no se hará público al menos hasta septiembre.

De momento existe un borrador elaborado en el seno de la Agencia Tributaria que subraya la necesidad de poner el foco en otros sectores más relegados en el primer plan de lucha contra el fraude, aprobado en la anterior legislatura. Una vez mitigado el impacto de las tramas de IVA o el fraude en la matriculación de vehículos de lujo, Hacienda considera, según fuentes conocedoras del texto, que ha llegado la hora de atender a otro tipo de irregularidades.