La juez depura la Operación Galgo

La Operación Galgo se quedó definitivamente sin la pieza más vistosa de su escaparate, la figura de la atleta palentina Marta Domínguez. La juez Mercedes Pérez Barrios, que instruye la causa y que hace unas semanas archivó provisionalmente la imputación del delito de dopaje, anunció ayer que anula las escuchas telefónicas, autorizadas por ella misma, sobre la atleta. En el prolijo auto de 48 folios, la magistrada sí mantiene la validez judicial de las escuchas al entrenador de la palentina, César Pérez, porque existen indicios de actividades ilícitas.

Una de esas actividades, según el auto, y según un informe entregado por la Guardia Civil a la juez basado en el estudio del contenido del disco duro de los ordenadores de Pérez, sería precisamente la planificación del dopaje de Marta Domínguez para el Mundial de Berlín, que ganó, y los Europeos de Barcelona, en los que consiguió una plata. "Se observa una suerte de confusión entre las conductas sancionables en el ámbito deportivo y las conductas penales, pues efectivamente lo que se pone de manifiesto son las sospechas de que Marta Domínguez fuera consumidora de sustancias prohibidas", señala el auto.

La ley no persigue a los deportistas sino al entorno que le da sustancias dopantes

La ley contra el dopaje no persigue a los deportistas que se dopan para mejorar su rendimiento (la posible infracción de Marta Domínguez según el informe de la Guardia Civil, que también recuerda su identificación como el Urco de la agenda de Eufemiano Fuentes y la bolsa de sangre de la Operación Puerto), sino al entorno de los deportistas y a aquellos que les proporcionan sustancias dopantes o les inducen a doparse. Basados en sus relaciones con Alberto García y en las declaraciones de este, la Guardia Civil había concluido que Marta Domínguez podría haber incurrido en una conducta prohibida.

"No estaba justificada la intromisión en sus comunicaciones", concluye la titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid en un auto en el que admite el recurso de la defensa de Marta Domínguez y el de otros dos imputados más, su mánager, José Alonso Valero, y su amigo Alberto García. En el mismo escrito, admite parcialmente los recursos del técnico Manuel Pascua y su esposa, María José Martínez Guerrero, de quienes anula el valor de prueba o evidencia de algunas escuchas pero mantiene el de otras, como las efectuadas desde el 2 de agosto de 2010 hasta el 9 de diciembre, cuando se produjo la redada de la Operación Puerto.

Mientras la juez entiende que la Guardia Civil, pese a actuar con autorización judicial, no tenía razones para esas escuchas, no anula ni los registros en las casas de los cinco imputados, ni sus declaraciones ante los investigadores o ante ella misma. Ni tampoco anula, porque considera que los indicios iniciales que las motivaron no solo no se diluyeron conforme avanzaba la investigación sino que incluso se incrementaron, las escuchas a Yolanda y Eufemiano Fuentes, a Ignacio Labarta -para los tres el fiscal y las acusaciones particulares solicitan penas de prisión en la Operación Puerto- y a José Luis Pascua. De este último, hermano de Manuel y entrenador de ciclistas, la juez resalta su relación con el corredor Joaquín Novoa, a quien, según se desprende de las intervenciones telefónicas, pondría en contacto con Alberto León para proceder a transfusiones sanguíneas.

Las escuchas a Eufemiano Fuentes, por su parte, y especialmente la de sus conversaciones con Manuel Pascua, sirvieron para probar, según los investigadores, su relación en la organización de un sistema de transfusiones sanguíneas y de planificación de dopaje para los atletas entrenados por Pascua, todos ellos, así como la propia Marta Domínguez, considerados por la juez como sujetos pasivos de dopaje.