La Operación Puerto, al banquillo

La Fiscalía de Madrid hará público próximamente un escrito de petición de penas de privación de libertad contra al menos tres de los ocho imputados en la Operación Puerto, la mayor trama mundial de dopaje en el ciclismo, desarticulada en 2006 en España por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En esta operación de lucha contra el dopaje en el deporte se vieron implicados 58 deportistas, entre ellos ciclistas que aquel año formaban parte de la élite mundial, como el alemán Jan Ullrich, el italiano Ivan Basso o los españoles Óscar Sevilla y Alejandro Valverde.

Según fuentes jurídicas, la intención de la Fiscalía de Madrid es pedir penas para algunos de los ocho imputados en la trama y sentarles en el banquillo de un juzgado de lo penal para que respondan de "un delito contra la salud pública por manipulación de medicamentos". Los mismos medios señalaron que el propósito de la Fiscalía que dirige Eduardo Esteban es presentar acusación contra los médicos que resultaron imputados en las investigaciones. Es decir, contra el canario Eufemiano Fuentes; el ex jefe de Hematología del hospital de la Princesa de Madrid, José Luis Merino Batres, y posiblemente también contra Yolanda Fuentes, otra de las imputadas, hermana de Eufemiano y ex médica del equipo ciclista Comunitat Valenciana.

Un tribunal reabrió en dos ocasiones las pesquisas sobre el dopaje en el ciclismo

Las citadas fuentes aseguran que se presentará acusación contra estas personas y no contra el resto de los imputados porque en ellos concurre la condición de ser médicos y, por tanto, debían conocer las deficientes condiciones (en neveras) en que fueron conservadas las casi 200 bolsas de sangre halladas por la UCO en laboratorios clandestinos relacionados con Fuentes y Merino Batres.

La Operación Puerto consistió en el hallazgo de una red clandestina que cobraba fuertes sumas de dinero a deportistas, fundamentalmente ciclistas y atletas, que se sometían a autotransfusiones de sangre con altas concentraciones de glóbulos rojos. La sangre que se les extraía era guardada en bolsas en una nevera y, llegado el momento de la competición, se la autotransfundían.

La investigación de la Operación Puerto la desarrolló el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Los ciclistas siempre fueron considerados testigos, pero no así los miembros de la red que les proporcionaban las transfusiones y, en algunos casos, sustancias dopantes. El juez archivó en dos ocasiones las pesquisas por entender que en el momento de los hechos el dopaje no estaba considerado delito en España. Sin embargo, la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, que preside el magistrado Arturo Beltrán, ordenó reabrir la causa en dos oportunidades. La segunda vez, el tribunal entendió que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra la salud pública por la forma y las condiciones en que los implicados manipularon la sangre y ordenó al juez que no volviera a cerrar el caso y que lo elevase para juicio. El tribunal puso en manos del juez la elección de los imputados que debían sentarse en el banquillo, aunque dejó entrever que el citado delito encajaba más en la conducta de los médicos implicados que en la de los restantes imputados.