Espionaje electoral en el Barça

Al poco de llegar al Camp Nou, en verano de 2003, la directiva del Barça presidida por Joan Laporta denunció que había encontrado micrófonos ocultos en la sala de juntas. Nunca más se supo del asunto. Más tarde, en abril de 2008, la entidad difundió que había desaparecido el ordenador personal del propio Laporta, amenazado, por otra parte, por los grupos violentos a causa de su política de tolerancia cero. Tampoco ha habido más noticias oficiales y sí muchas oficiosas sobre el destino del portátil, que contenía una importante base de datos del club y cuestiones personales del mandatario barcelonista. Y ayer se supo que cuatro vicepresidentes de la entidad han sido espiados por el aparato del Barça. Aunque la trama ofrece multitud de interpretaciones, y más después de la confusa respuesta del director general corporativo, Joan Oliver, se sospecha que sólo puede ser descifrada en clave electoral, por más que los comicios previstos para la primavera de 2010 todavía no hayan sido convocados.

Oliver y Sala i Martín, el favorito de Laporta, son socios de una empresa

Ninguno de los afectados está entre los candidatos preferidos por el presidente

Resulta que Joan Franquesa, uno de los cinco vicepresidentes del Barça, confesó al club en marzo que se sentía vigilado, sin que se especificara si era por su condición de directivo o ex teniente de alcalde de urbanismo de Sant Cugat. El director general corporativo azulgrana, Joan Oliver, no denunció el caso a la policía -Xavier Martorell, jefe de seguridad del club, había sido responsable de los Mossos d'Esquadra y también fue teniente de alcalde de Sant Cugat-, sino que encargó en abril una "auditoría de seguridad" que afectaba al propio Franquesa y a tres vicepresidentes más: Rafael Yuste, Joan Boix y Jaume Ferrer. De acuerdo con la versión de Oliver, ninguno de los afectados -salvo Franquesa-, así como tampoco el presidente, fue informado de la investigación de la misma manera que el proceso no se extendió al otro vicepresidente, Alfons Godall, amigo y mano derecha de Laporta que había anunciado precisamente su salida del club con el presidente. Una vez la información requerida fue completada y servida a los afectados de forma secreta, Oliver dio el caso por cerrado, hasta ayer, en que El Periódico lo divulgó.

Oliver convocó una conferencia de prensa para ofrecer un relato de los hechos que sólo ayudó a aumentar la confusión y la sospecha de que se trata de espionaje electoral. El director general precisó que después de la denuncia de Franquesa puso en marcha la "auditoría de seguridad, de uso habitual", encargada a la empresa Método 3 y cuyo coste asciende a 56.000 euros -el presupuesto de seguridad es de cuatro millones- para "proteger y defender" a los vicepresidentes, nunca para "espiarles": "La prueba de que no hay nada que indique que es irregular u ofensivo por parte de nadie es que hoy se ha hecho público y no ha habido actuación alguna por parte de nadie". Oliver admitió, en cualquier caso, que los cuatro vicepresidentes sometidos a seguimiento habían "cobrado una relevancia pública" por ser aspirantes a liderar la candidatura continuista tras la renuncia de Godall y una vez se sabía que Laporta no puede presentarse nuevamente a la reelección.

"Dados los antecedentes del club", advirtió Oliver, "nos pareció que con la petición de Franquesa tenía sentido extender la auditoria a otros tres vicepresidentes". "El proceso", precisó, "se hace con discreción para no perder eficacia". Y remachó: "La auditoria de seguridad se ha hecho dentro del más escrupuloso respecto a la ley. Es una situación estándar y no viola ninguno de los preceptos". El director general subrayó también que cuando se inició el proceso, Xavier Sala i Martín, el candidato preferido de Laporta para sustituirle, aún no era directivo, y garantizó que "el club nunca ha iniciado investigaciones a otras personas", en referencia al ex vicepresidente Sandro Rosell, que ya denunció que se sentía vigilado, situación parecida a la vivida por Franquesa y también por Ferrer, quien ha confesado la sospecha de que su teléfono móvil estaba pinchado.

Al aparato ejecutivo de la entidad azulgrana no le quedó ayer más remedio que admitir que los sucesos se desencadenaron después de que Godall anunciara su renuncia a encabezar la candidatura continuista a los comicios de 2010. Laporta optó entonces por promover a Xavier Sala i Martín -aceptado como directivo por la asamblea de agosto pasado-, propuesta contraria a la de la mayoría del consejo, más partidaria de Jaume Ferrer, persona vinculada a la familia Pujol-Ferrusola y uno de los pocos que forma parte de la junta inicial de 2003 -los demás son Godall, Alfons Castro y Josep Cubells-. También Boix, Yuste y Franquesa insinuaron que les hubiera gustado optar a la presidencia de la entidad. El contencioso interno llegó a tal extremo que Godall cambió de parecer el mes pasado y anunció que se ponía a disposición de la junta para formar parte del nuevo proyecto.

Aunque Oliver reiteró que Laporta sólo estuvo al corriente de la auditoría después que se conocieran los resultados -el presidente declinó manifestarse-, personas vinculadas al club y a colectivos que se postulan para presentarse a las elecciones dudan de que no haya tenido nada que ver en la investigación, y en algún caso le señalan como el instigador, a fin de imponer su candidato, que sería Godall o Sala Martín, ninguno de los dos investigados, y el segundo avalado por Oliver.

Oliver, curiosamente, es socio de Sala i Martín en la empresa Societat d'Estudis per al Coneixement SL, y ambos pertenecen a la fundación nacionalista Catalunya Oberta, junto con Vicent Sanchis, director de la televisión del Barça.

La denuncia juega en contra de Laporta y de Oliver, que descartó dimitir si mantiene la confianza del presidente: "Si no pasó hace seis meses, por qué ahora".