El tripartito mantiene el término 'laicidad' en la Ley de Centros de Culto
El 'pleno escoba' del Parlament aprueba una pionera apuesta por la mediación
Convertido el término laicidad en epicentro de la discusión de la Ley de Centros de Culto, los grupos del tripartito y CiU pactaron ayer in extremis una salida salomónica para mantenerlo en el preámbulo. La coalición nacionalista quería cambiarlo por "no confesionalidad", pero la semana pasada aceptó hablar de "laicidad positiva". El apellido no convencía a ICV: entendían que si se hablaba de positiva era reconocer que existe una laicidad negativa. La propuesta de los ecosocialistas, aceptada al fin por CiU, introduce entre comas una descripción del término laicidad: "El respeto a todas las opciones religiosas y de pensamiento y sus valores, como principio integrador y marco común de convivencia".
La mediación podría reducir el 30% los conflictos civiles que llegan al juzgado
Salvado este obstáculo -el PP votó en contra del texto-, la ley que regula tanto los centros de culto existentes como las condiciones para abrir nuevos -fija los mínimos que deben reunir los locales, implanta una licencia de apertura e invita a los ayuntamientos a reservar suelo urbano para uso religioso- deberá complementarse ahora con un reglamento.
El último pleno del curso -sin contar con el de la semana que viene, centrado en la financiación- aprobó también, y por unanimidad, la Ley de Mediación en el Ámbito del Derecho Privado. El nuevo texto parte de la ley que ya regulaba la mediación familiar y extiende la estructura creada para resolver conflictos sin pasar por el juzgado a cualquier disputa propia del derecho civil: conflictos vecinales, entre padres e hijos, entre hermanos por una herencia o problemas en empresas familiares. El Departamento de Justicia sostiene que la mediación podría descongestionar hasta el 30% los juzgados.
El pleno escoba dio luz verde también a la Ley de Aeropuertos y Helipuertos, que regula las instalaciones aeroportuarias excepto las de Barcelona, Reus, Girona y Sabadell, y a la Agencia de Vivienda, que gestionará las políticas públicas de vivienda.
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