El tripartito irrita a los alcaldes del PSC al quitarles la gestión de las oficinas de Bienestar

Esquerra Republicana (ERC) ha logrado imponer su criterio a sus socios de gobierno después de tres años de litigio. La gestión de los equipamientos cívicos y oficinas de Bienestar Social pasará de nuevo al control de la Generalitat pese a haber sido traspasada a los ayuntamientos en la legislatura anterior, cuando los republicanos ya no estaban en el Gobierno. La decisión soliviantó a los ayuntamientos socialistas. El presidente de la Federación de Municipios, Manuel Bustos, dio ayer por "rota la confianza" de los municipios con el Ejecutivo que preside el también socialista José Montilla.

La historia tiene tintes de culebrón. El Pacto del Tinell, de 2003, establecía el traspaso a los ayuntamientos de las oficinas de Bienestar Social y de determinados equipamientos cívicos, en total 158 distribuidos por todas las comarcas catalanas.

Pero Esquerra, al frente del Departamento de Bienestar y Familia, vio en estas oficinas la plataforma idónea para introducirse electoralmente en aquellas zonas y barrios que los convergentes -a través del controvertido consejero Antoni Comas- controlaban hasta entonces. De ahí que los republicanos se echaran atrás en su compromiso. Por esta razón, socialistas e Iniciativa no pudieron aplicar la medida hasta ver expulsados a los republicanos del Gobierno. El decreto se aprobó en septiembre del pasado año y gozó del aplauso de los ayuntamientos, en especial los gobernados por el PSC e Iniciativa que veían así cumplida una histórica demanda. Por el contrario, Esquerra Republicana, ya apartada del Ejecutivo, llegó a amenazar con formar una pinza con Convergència i Unió en el Parlament para evitar el traspaso.

Repartir subvenciones

Por este motivo no fue inocuo que al reeditarse el tripartito, los republicanos reclamaran para sí la gestión de estos equipamientos. Tampoco fue casual que la competencia de estas oficinas ya no dependiera de Acción Social, sino de un departamento como Gobernación -correa de transmisión entre la Generalitat y la Administración local- en manos del secretario general de ERC, Joan Puigcercós.

La indisimulada intención de Puigcercós, desde que accedió a la cartera, ha sido evitar a toda costa que los ayuntamientos se hagan con estas oficinas, distribuidoras de multitud de ayudas y subvenciones a ancianos, jóvenes y discapacitados. Todo eso a sabiendas de la rotunda oposición de la Federación de Municipios, controlada por el socialista y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.

Ayer, Puigcercós llevó al Consell Executiu el decreto que deroga los anteriores de septiembre y octubre de 2006. Es decir, que la gestión de estos equipamientos y oficinas pasen de nuevo a la Generalitat. El consejero de la Vicepresidencia, que ayer actuó de portavoz, Josep Lluís Carod, justificó la decisión de mantener las oficinas en poder de la Generalitat por "las magníficas relaciones" que mantienen, en su opinión, los ayuntamientos y el Gobierno catalán.

Carod quizá habló por intuición porque de inmediato se rebeló contra la medida la principal asociación municipalista de Cataluña, controlada por el PSC, y que también agrupa a ayuntamientos de Iniciativa y Esquerra. Bustos se expresó contundente, no antes de mostrar su malestar por los bandazos que en esta materia ha dado el Gobierno. "Volvemos a empezar en una situación diferente, en una situación peor, que es la ruptura de una confianza que nos había traspasado a nosotros el Gobierno de Cataluña no hace ni seis meses", afirmó a la Cadena Ser.

La dura crítica no pilló por sorpresa al Ejecutivo catalán pues ya había sido advertido de que la Federación de Municipios montaría en cólera ante una decisión de este tipo. La víspera, en la reunión de la Comisión de Gobierno Local -órgano consultivo- el propio Bustos y el alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, reclamaron por activa y pasiva al secretario general de Gobernación, Jaume Oliveras, que paralizara el decreto.

Una vez originado el incendio, ayer todos los portavoces de los partidos que apoyan al tripartito, se apresuraron a reclamar diálogo con las asociaciones municipalistas. Próximamente, Puigcercós se reunirá con los alcaldes de Sabadell, Badalona y Hospitalet. No será necesario hacerlo con los convergentes, que apoyan la decisión del Gobierno de José Montilla.