La 'singularidad' de la Sagrada Familia ampara la falta de control público

La singularidad de la Sagrada Familia es el gran paraguas que cubre las obras en curso, las cuales avanzan sin ningún control público ni por parte de la Generalitat ni del Ayuntamiento. Pero el túnel del AVE, que está previsto construir bajo la calle de Mallorca, puede convertirse en el gran catalizador que lleve a todas las partes implicadas a sentarse y superar el actual vacío legal. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Barcelona sólo se ha reunido con los responsables de los trabajos para tratar asuntos relacionados con el entorno.

La singularidad de la Sagrada Familia proviene de que las obras arrancaron en 1882 amparadas por el silencio administrativo del Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals, municipio posteriormente anexionado a Barcelona. Es decir, ni este último Consistorio tenía competencias iniciales sobre el templo ni mucho menos las tenía la Generalitat, creada en 1931 y recuperada en 1977. Todo ello, además, afecta a un recinto que tiene carácter expiatorio: según el credo católico, contribuir a la finalización del templo descuenta tiempo de penitencia en el más allá. Además, en 1998 los obispos catalanes dieron luz verde al proceso de beatificación de Antoni Gaudí. Y por si todo ello no bastara, en 2005 la Unesco concedió el rango de Patrimonio Mundial a la fachada del Nacimiento y a la cripta (no a la obra reciente), que se añadían a la lista de obras gaudinianas que ya gozaban de ese reconocimiento.

Según reconocen diversos responsables municipales, el Ayuntamiento no ha visado nunca las obras en su conjunto. Tampoco ha intervenido su comisión de calidad, un organismo creado hace ocho años que emite dictámenes -puede instar modificaciones o pronunciarse en contra- sobre los edificios singulares de la ciudad. Por ese dictamen han pasado, por ejemplo, desde el hotel de Óscar Tusquets en Diagonal Mar hasta la torre de las Aguas de Jean Nouvel, pasando por toda la zona del Fórum.

Las únicas reuniones que ha habido entre los responsables municipales y los del templo han sido para abordar temas como las molestias a los vecinos debidas a las obras o las afectaciones de la vía pública. "Se ha hablado también del túnel del AVE, pero no del proyecto en su conjunto, que es lo que nosotros queremos", resumió un edil.

La falta de licencia de obras en regla motiva otras exenciones peculiares en la Sagrada Familia. Por ejemplo, el informe extendido por la dirección general de Patrimonio de la Generalitat cuando se trata de intervenciones en edificios catalogados. "Si quieres tocar un estucado mínimo de la casa Batlló interviene Patrimonio con un informe", ejemplificó un empleado de urbanismo a propósito de otro edificio gaudiniano catalogado de titularidad privada. Un portavoz del Departamento de Cultura confirmó, por su parte, que Patrimonio no ha elaborado ningún informe de este tipo. "Por ley, la dirección general actúa cuando el Ayuntamiento le presenta un proyecto. La comisión de patrimonio redacta el informe y sólo entonces el municipio autoriza o no la obra". "En el caso de la Sagrada Familia", añadió, "esta dirección general sólo ha sido requerida por el Ministerio de Medio Ambiente para evaluar el impacto del túnel en la obra. El departamento ha trasladado esa solicitud al Departamento de Obras Públicas, que tiene los medios técnicos y humanos adecuados para hacerlo. Pero sí se ha asegurado estar presente en el proceso". Aparte de ésta, no ha existido más relación entre Patrimonio y Sagrada Familia.

Tampoco el Colegio de Arquitectos de Cataluña, creado en 1931, posee planos visados del conjunto, aunque sí de aspectos parciales. "La documentación fechada entre 1931 y 1986 está escrita a mano, por lo que no sabemos con exactitud qué hay", declaró un responsable del archivo colegial. "Desde 1986 está informatizado. Hay informes sobre aspectos menores, como la construcción del taller de la obra".