Las recalificaciones urbanísticas se podrán controlar por Internet
El Gobierno catalán aprueba el segundo paquete de medidas anticorrupción
![Miquel Noguer](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F082d8fd7-6779-4fc0-8145-823b596c9b64.png?auth=e6f54178eeab26a72b057e7ff358758b187205b65563dc1132f7c9e88e0bcd6c&width=100&height=100&smart=true)
Mayor control sobre las recalificaciones urbanísticas y mano dura contra los ayuntamientos con cuentas opacas. El Gobierno catalán concretó ayer el segundo paquete de medidas anticorrupción para dar mayor transparencia a la gestión urbanística de los ayuntamientos catalanes. Las 40 medidas aprobadas ayer incluyen las que ya se concretaron la semana pasada para ejercer mayor control sobre las fundaciones.
- Control vía 'web'. Se divulgará por Internet el contenido íntegro de los convenios urbanísticos. En su publicación se dará cuenta de los cambios en la titularidad de los terrenos objeto de recalificación desde cinco años antes del inicio de la operación urbanística. Con ello se busca dar mayor transparencia al proceso y saber quién se beneficia de las operaciones.
- Plusvalías para el ayuntamiento. Se incrementarán los beneficios para las arcas municipales en las recalificaciones urbanísticas. Cuando haya un cambio de usos de un terreno, el ayuntamiento podrá quedarse con el 15% de los terrenos. Actualmente es el 10%. Cuando el cambio de planeamiento general suponga una plusvalía extraordinaria en relación con su entorno, el ayuntamiento podrá quedarse con el 20% del terreno para usos públicos.
- Opacidad castigada. Cuando los entes locales no envíen a la Sindicatura de Cuentas sus balances anuales, el Gobierno catalán podrá anular todas las subvenciones dirigidas al ayuntamiento. Actualmente sólo se les castiga excluyéndolos del Plan Único de Obras y Servicios del Departamento de Gobernación. La Sindicatura de Cuentas publicará en su página web la relación de ayuntamientos que incumplan la obligación de presentar sus cifras. Actualmente, cerca del 40% de los municipios no entregan la documentación o lo hacen fuera de plazo.
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