La primera ley de educación catalana examina a docentes y alumnos

La educación no vive en un mundo feliz. Camina entre cambios sociales, inmigración, fracaso escolar, alto índice de repetidores y problemas. Pero también hay avances: la escolarización de toda la población, la llegada de los centros escolares a todos los lugares de Cataluña, el aumento de la inversión de los últimos años. El Parlament empieza a debatir el día 12 la primera ley de educación de Cataluña, que afectará a toda la sociedad; de manera directa, a más de 90.000 maestros y profesores de centros públicos y concertados, un millón largo de alumnos, cientos de miles de familias y empresas. El texto aborda la autonomía de las escuelas, la inmigración, los derechos de las familias, los conciertos, etcétera. CiU ha renunciado a presentar una enmienda a la totalidad y buscará un pacto con el Gobierno tripartito. El PP y Ciutadans sí la harán. La ley provoca rechazo sindical. USTEC, ASPEP y CGT han anunciado una huelga contra el proyecto de ley para el próximo día 13. CC OO y UGT se manifestarán el día 30 de este mes.

Éstos son los principales puntos del proyecto:

- ¿Qué regulará la ley? La educación no universitaria en Cataluña, desde la guardería hasta el bachillerato y la formación profesional, las escuelas de idiomas y los centros para adultos.

- ¿Cuándo se aplicará? Gradualmente, en ocho años. Está previsto que se apruebe la próxima primavera. Entrará en vigor dos meses después de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat, o sea, el próximo curso;

pPero la Generalitat debe aprobar el calendario de despliegue.

- ¿Qué etapas abarca la escuela gratuita? La enseñanza es gratuita de los seis a los 16 años en centros públicos y concertados (sufragados con dinero público). Las familias pagan la sexta hora de clase en Primaria en los centros concertados. Las guarderías que lo pidan siguen concertadas para niños de tres a seis años.

- ¿Cambian los criterios para tener plaza escolar? Son similares a los actuales. Primará la proximidad del colegio al domicilio, el lugar de trabajo de los padres y tener hermanos o padres que trabajen en el centro.

- ¿Se crean zonas o centros más grandes

? Sí. El proyecto prevé que se considere como centro único diversos centros de una misma zona.

- ¿Qué papel tienen las familias? El derecho a recibir información sobre el proyecto de la escuela, las actividades y atención individual. Deben respetar el proyecto escolar. Las familias piden que se les facilite asistir a las reuniones escolares, a veces en horario laboral. Se impulsarán medidas para facilitar la asistencia a reuniones de tutoría.

- ¿Cómo se afronta la inmigración?

Se fijará territorialmente la proporción de alumnos con necesidades específicas (en general, inmigrantes). Si un centro tiene muchos inmigrantes y otro pocos, se podrá cambiar alumnos a éste, sea público o concertado.

El 13,5% de los alumnos son inmigrantes, pero la escuela pública acoge al 85% de ellos y la privada sólo al 15%.

- ¿Y los conciertos con las escuelas? Los centros privados tienen el 36,6% de las plazas totales. Se prevé mantener los conciertos si se cumplen las condiciones fijadas en ellos. Entre ellas, la no selección de alumnado, la gratuidad y la escolarización mixta de niñas y niños.

- ¿Se podrá separar a los alumnos por sexos? No. Los públicos no lo hacen y con la ley tampoco podrán los concertados. Hay una polémica sobre si los 16 centros que ahora separan por sexo podrán seguir así y cobrar del concierto que les dio CiU. El concierto se renueva si se cumplen las condiciones fijadas cuando se concedió. Ello permitiría que los que separan puedan seguir así. ERC e ICV están en contra.

- ¿Qué ocurre con la inmersión lingüística?

El catalán seguirá como lengua vehicular de enseñanza, pero se acorta el periodo para poder elegir ser escolarizado en la lengua materna. Hoy se puede optar en la etapa infantil y en el primer ciclo de Primaria (cinco años en total), aunque algunos padres han denunciado trabas. Con la ley, sólo se podrá en P-3 o primero de Primaria (un año en total).

- ¿Se refuerzan los idiomas extranjeros? Sí. Los proyectos deberán incluir al menos el estudio de una lengua extranjera. Se deberá concretar cuál como primera y cuál como segunda opción. Se prevé impartir, además, materias en lenguas extranjeras

- ¿Tendrán más poder las escuelas? Sí. Se considera que ellas conocen mejor la realidad de los centros. Ya no será el departamento el que les diga todo lo que tienen que hacer, sino que se les dará autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de recursos humanos y materiales. Podrán fijar objetivos y aplicar procedimientos educativos.

- ¿Mandarán más los directores? Sí. Este punto es clave, junto con el de la autonomía escolar. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gestión de los centros. El director responde de que se alcancen los objetivos fijados en el proyecto educativo, ejerce la dirección pedagógica y es el jefe de todo el personal.

- ¿Podrán elegir los directores a los profesores? No a la persona. Sí podrán pedir que algunos docentes se adecuen a determiandos perfiles profesionales. Por ejemplo, si un centro quiere poner énfasis en la música, cree que necesita a alguien que domine una lengua extranjera o piensa incorporar un maestro que sepa informática, podrá proponerlo al Departamento de Educación.

- ¿Se evaluará a los docentes? Sí. En los centros públicos y concertados se evaluarán los métodos docentes empleados, las estrategias y los resultados. Se busca que esto sirva para acreditar méritos para la promoción profesional del docente. La dirección podrá intervenir en la evaluación, pero Educación determinará cómo se hará y garantizará el derecho de información y audiencia a los afectados.

- ¿Y a los centros? Sí, y afectará a los públicos y concertados para mejorar la calidad, rendir cuentas y tener datos sobre la marcha del sistema. Se creará una agencia que ayudará a la inspección a evaluar los centros.

- ¿Se igualarán los sueldos en los centros concertados y públicos? Los salarios de los docentes de los colegios concertados los paga la Generalitat. Son en torno al 20% inferiores a los de los profesores de los centros públicos. Se fija el compromiso de que en cuatro años se consignarán en el presupuesto de la Generalitat "las partidas suficientes para alcanzar la homologación retributiva".