Una ola de fondo

Transcurrida una semana desde que tuvimos conocimiento de ella, la no-sentencia del Tribunal Constitucional ha sido ya objeto de numerosos análisis jurídicos y de abundantes valoraciones políticas. Las conclusiones son claras: después de que Zapatero y Artur Mas le extirpasen las uñas en su pacto monclovita, después de que Alfonso Guerra le pasara repetidamente el cepillo en la Comisión Constitucional del Congreso, después de que la ponente Pérez Vera y otros supuestos "progresistas" del tribunal propusiesen dejar sin contenido ni siquiera simbólico el concepto de nación, dinamitar la posición preferente de la lengua catalana en la Administración y la enseñanza, liquidar todo el capítulo relativo a la Justicia y otras menudencias, después de todo esto el Estatuto catalán de 2006 -o lo que quede de él- sigue sin ser aceptable para una mayoría de los magistrados. Estos reclaman aún mayores amputaciones y, sobre todo, que la sentencia reafirme "la unidad de la nación española, única e indivisible", en términos dignos de las Leyes Fundamentales franquistas.

Mientras medíamos soberanismos, una ola de fondo neounitarista se ha adueñado de la opinión y de la cultura política a nivel estatal

Así las cosas, cabe la posibilidad de que, en Cataluña, haya quien se pregunte de dónde han salido, de qué extraño planeta proceden unos juristas empecinados en tesis tan extremas. Aclarémoslo: vienen de un planeta llamado Madrid, de una galaxia llamada España, y en esa parcela del universo, sus ideas acerca de la identidad nacional, del reparto territorial del poder o de la relación jerárquica entre las distintas lenguas oficiales no tienen hoy nada de extremas. Son de un tibio centrismo.

Desde antes de que el Constitucional protagonizara su parto de los montes del 16 de abril, recorre la galaxia precitada un manifiesto, Por la reforma del Estado de las autonomías, según el cual dicho Estado "es el inmenso error que nos está conduciendo a la ruina, a la división entre los españoles y a la desintegración de la unidad patria". "El Estado de las autonomías y su altísimo e injustificado coste es el problema nuclear de la actual crisis (...) y la razón fundamental de nuestro déficit público; es por lo tanto la partida que precisa de un ajuste inmediato, cuando no de su eliminación (sic)". El documento concluye reclamando una reforma constitucional que "modifique la ley electoral y blinde la unidad de España". Lo suscriben los líderes del partido integrista Alternativa Española junto a conspicuos apellidos de las diversas ramas de la extrema derecha hispana (el falangista Hillers, el tradicionalista Valiente e incluso un imprescindible Milans del Bosch), dos fundadores de Alianza Popular (Torcuato Luca de Tena Puig y el diplomático José María Velo de Antelo), pero sobre todo un buen puñado de profesores de universidades tanto públicas como privadas, de abogados y de periodistas.

Sí, por supuesto, siempre ha habido en España ultraderecha. Lo que resulta novedoso es el eco y la respetabilidad de sus argumentos en materia territorial. Pero, claro, ¿cómo no va a ser aceptable denunciar el coste desorbitado del modelo autonómico, si lo hacen por sistema al menos cuatro de los seis diarios generalistas que se publican en la Villa y Corte? ¿Y cómo no van a sentirse legitimados los fachas para decir que las autonomías crean desigualdad entre los españoles, si lo dicen también políticos de impecable pedigrí democrático, como Rosa Díez o Joaquín Leguina? ¿Y a qué sorprenderse de que el ultraespañolismo tema por la disolución de España, si la Real Academia de la Historia lleva lustros augurándola?

Mientras aquí nos entreteníamos midiendo soberanismos, una ola de fondo neounitarista y nacional-española se ha adueñado de la opinión y de la cultura política a nivel estatal. Lo que años atrás era el argumentario lunático de los manifestantes del 20-N sobre la "España rota" ha alcanzado tal transversalidad y tal lustre, que abarca hoy desde los herederos de Blas Piñar hasta José María Fidalgo, ex secretario general de Comisiones Obreras. Es sólo en este contexto donde lo del Tribunal Constitucional adquiere toda su significación.