Mas exigirá catalán a los inmigrantes pese a carecer del poder decisorio

La Generalitat de Cataluña respondió ayer a los sondeos que alertan de un incremento del sentimiento racista en esta comunidad anunciando una vaga política de mano dura contra los inmigrantes en situación irregular o que necesiten renovar sus permisos de residencia. El Gobierno de Artur Mas anunció que los inmigrantes deberán certificar sus conocimientos de lengua catalana como un "requisito muy determinante" para poder avalar su "esfuerzo de integración" en la sociedad catalana, en los expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación del permiso de residencia.

El objetivo de la Generalitat es, según dijo su portavoz, Francesc Homs, dejar claro que integrarse pasa por "conocer" el catalán. Para hacerlo, el Gobierno de Convergència i Unió deberá forzar al máximo la Ley de Acogida aprobada por el anterior Gobierno catalán y que fijaba el catalán como lengua prioritaria en los cursillos de integración de inmigrantes. La ley, sin embargo, fija que el castellano también será objetivo de enseñanza una vez que los inmigrantes hayan tenido su primera inmersión en el catalán.

Las ansias del Gobierno de CiU para presentarse ante la ciudadanía como el más duro con la inmigración pueden quedar en nada. De entrada porque, si bien las comunidades y los Ayuntamientos pueden participar a la hora de acreditar el grado de integración de un inmigrante, es el Gobierno central el que, en última instancia, decide si alguien puede obtener o renovar su permiso de residencia. Además, la ley catalana de integración de inmigrantes fue fruto de un recurso en el Tribunal Constitucional por parte de la defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, al entender que establece una preferencia lingüística en favor del catalán sobre el castellano.

Además, el anuncio de Francesc Homs puede tener también un punto de brindis al sol, sobre todo en sus críticas al tripartito por haber practicado una política "buenista" en asuntos de inmigración y por su supuesta inacción para afrontar los problemas relacionados con el fenómeno migratorio. Preguntado por casos concretos que justifiquen estas acusaciones, Homs no supo enumerar ni uno solo. Sus críticas a la falta de desarrollo de la Ley de Acogida, aprobada en abril de 2010 tampoco se sostienen, puesto que la ley todavía carece de reglamento que la desarrolle. Además, la demora por esta falta de un reglamento no puede achacarse al anterior Gobierno: la Secretaría de Inmigración de la Generalitat reconoce que si no se ha hecho hasta ahora y tampoco se está elaborando es porque se está a la espera de que el Gobierno central haga el correspondiente reglamento de la última modificación de la Ley de Extranjería.

Pese a las llamativas declaraciones del portavoz del Ejecutivo catalán, la Secretaría de Inmigración de la Generalitat no apreció ayer ninguna novedad en el discurso de Homs. A sabiendas de que la última palabra a la hora de otorgar permisos la tiene el Gobierno central, fuentes de esta secretaría aseguraron que lo que hará la Generalitat es desarrollar la ley que aprobó el tripartito con el apoyo de CiU. La Secretaría de Estado de Inmigración declinó ayer valorar las intenciones de la Generalitat a la espera de un acto de la secretaria Ana Terrón en El Vendrell (Baix Penedès).