Cuando la crítica quema

En cierto modo, ha ocurrido lo esperado. La desmesurada reacción penal contra la viñeta de El Jueves ha desencadenado nuevas críticas y sátiras sobre la familia real. Primero en los periódicos y la Red, luego en la calle. El último episodio de estas reacciones han sido las manifestaciones de Girona, donde se han quemado retratos del Rey. En este punto, el debate excede ya la discusión sobre el mejor o peor gusto de unas caricaturas: ¿hasta dónde puede llegar, en un sistema democrático, la crítica a las instituciones y símbolos públicos?

Si las chanzas en cuestión se hubieran producido en otro continente, la respuesta habría sido seguramente más clara. Con frecuencia, el espíritu crítico se rebela cuando algún poder foráneo pone cortapisas a la disidencia religiosa o política. Pero desaparece cuando las diatribas ofenden las propias creencias. No pocos intelectuales y políticos españoles desenfundaron a Voltaire ante la protesta de grupos musulmanes contra una viñeta que se burlaba de sus emblemas religiosos. ¿Por qué mofarse de Mahoma es un ejercicio de libertad de expresión y un delito burlarse de los Príncipes de Asturias?

Los defensores de la actuación penal frente a los humoristas invocaron la "dignidad" de los miembros de la familia real y recordaron que la libertad de expresión no incluye el derecho al insulto. No obstante, no puede tratarse igual un "insulto" o ataque al "honor" a los miembros de una institución pública que a un ciudadano de a pie. Sobre todo si esa institución, como ocurre con la Monarquía española, carece prácticamente de responsabilidad política y jurídica.

En realidad, este tipo de críticas no son algo nuevo. En Inglaterra, por ejemplo, las caricaturas a la familia real se remontan a tiempos previctorianos y son usuales en la prensa amarilla. En otros países monárquicos como Suecia, Dinamarca, Holanda y Noruega, existe análoga tolerancia. En España, en cambio, el respeto a una institución terrenal como la Monarquía es casi el mismo que se profesa hacia una figura sagrada, como la de Mahoma, en los países islámicos.

Muchos de los que se indignaron ante la condena por "ultraje al Rey" del periodista Ali Lmrabet en Marruecos han aplaudido o guardado silencio ante la petición fiscal de cárcel para el joven de Girona que participó en los actos antimonárquicos. No faltará quien sostenga que la diferencia reside en que "allí no hay democracia pero aquí, sí". No obstante, es precisamente en un régimen que aspira a ser democrático donde el margen para la crítica de las instituciones debería ser mayor.

De hecho, desde la Revolución francesa hasta nuestros días, los símbolos del poder, político o religioso, siempre han sido satirizados o ridiculizados. Aquí y en cualquier parte del mundo. En la soledad del sótano de una imprenta, pero también en manifestaciones o festejos populares. Tales actos de ofensa callejera se inscriben en una vieja tradición de teatralización de desavenencias o desafectaciones ciudadanas frente a símbolos de poder que se consideran -justa o injustamente- arbitrarios. Quizá por eso suelen tener una mayor carga ideológica, que la simple sátira de papel, y suscitan mayor desasosiego en ciertos sectores políticos e intelectuales "respetables". No obstante, una sociedad democrática debería ser capaz de verlos, no tanto como ataques al orden público, sino como un sano ejercicio de libertad ideológica y de catarsis ciudadana. En Estados Unidos, la jurisprudencia, que sitúa las quemas de banderas y otros símbolos públicos bajo el amparo de la Primera Enmienda, se basa en un razonamiento de este tipo.

No es esto lo que está ocurriendo en España. Entre otras razones, porque muchas de estas críticas podrían subsumirse en alguno de los delitos contra la corona contemplados por el Código Penal. Esta previsión, como se ha visto, se presta a aplicaciones de difícil encaje en un régimen que garantiza el pluralismo político.

A casi un siglo de la persecución de Valle-Inclán por sus ácratas invectivas contra la Corona, la mitificación de la Monarquía como símbolo intocable de la transición sigue siendo fuente de tabúes y un obstáculo a la libre discusión pública. En un contexto así siempre será preferible la quema de símbolos del poder, a que sea el propio poder el que acabe abrasando los espacios de crítica, irrenunciables en cualquier sistema democrático.

Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados y Gerardo Pisarello es vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.