Los colegios limitarán el número de inmigrantes para evitar los guetos

Hace 30 años, la Generalitat provisional presidida por Josep Tarradellas recibía las primeras competencias en Educación. Ayer, el titular de esa cartera, Ernest Maragall, lanzó el proyecto de la que será la primera ley de educación de Cataluña.

Recogiendo las competencias del Estatuto y el Pacto Nacional por la Educación, el anteproyecto prevé cambios de calado: distribución de inmigrantes; avance de la escolarización obligatoria a los tres años; autonomía de escuelas e institutos para decidir la pedagogía; creación de direcciones fuertes; nacimiento de un cuerpo de docentes propio en Cataluña y prohibición de separar a chicos y chicas en centro concertados. Aunque el anteproyecto mantiene el grueso de la propuesta avanzada hace seis meses por Maragall, en el último momento ha retirado su propuesta inicial de introducir la gestión privada en los centros públicos a cargo de entidades sin ánimo de lucro. Esta opción había levantado ampollas en los dos socios de gobierno del PSC: ERC e ICV-EUiA.

El objetivo último de la ley es atajar el fracaso escolar, y para eso se pone el foco en los centros, dándoles autonomía y potenciando el poder de las direcciones. Los datos no son buenos: el 28% de los alumnos no acaban la ESO y el 40% de quienes la acaban no siguen ni formación profesional ni bachillerato.

Sobre el reparto de inmigrantes, se prevé "establecer territorialmente la proporción máxima de alumnos (...) que podrán ser escolarizados por cada centro y grupo". Esta disposición se añadirá a las que rigen por ley estatal para poder autorizar un incremento de hasta el 10% de las plazas de un aula para acoger alumnos que se incorporan a clase con el curso empezado, especialmente inmigrantes. Las zonas donde se pondrán topes al porcentaje de inmigrantes están por determinar, aunque podrán ser barrios, un distrito o un pueblo.

El porcentaje de alumnos inmigrantes se ha multiplicado por siete en ocho años. Hoy hay más de 130.000, el 11% del total. Pero hay zonas y centros que llegan hasta el 60%, el 70% y más. "En algunos casos no hará falta poner porcentajes, pero en otros sí", dijo el consejero de Educación.

El adelanto de la escolarización obligatoria desde los seis hasta los tres años es una medida que busca la cohesión social. Esta etapa está concertada, pero no es obligatoria. El 98% de los niños de esta edad ya están escolarizados, pero hay un 2% que pertenecen a familias con bajos recursos que no lo están, entre ellos inmigrantes.La autonomía de los centros será una de las piezas clave de la futura ley de educación. Las escuelas y los institutos tendrán amplias facultades para configurar el currículo del centro (contenidos, horarios, metodología y competencias de los alumnos). Bajo la supervisión del Departamento de Educación, harán su proyecto educativo y se fijarán objetivos.

Las direcciones recibirán competencias sobre el personal y los asuntos económicos. Podrán decidir qué tipo de profesores se necesitan en su centro. El objetivo no es poner a los centros a competir entre sí, sino que tengan herramientas para "que sean diferenciados", dijo Maragall.

La oposición reaccionó ayer con prudencia al anuncio de la futura ley, pero dio sus primeros avisos. La diputada de CiU Irene Rigau opinó que el texto es "parcial y tiene muchas carencias", pero aseguró que la federación trabajará para convertirla en una "ley de país".

En el PP, el diputado Rafael López afirmó que la próxima semana su grupo presentará un documento con sus aportaciones al texto, entre las que figurará la petición de un mayor apoyo a los profesores.

El diputado de Ciutadans Antonio Robles vio "buenas intenciones" y aspectos "inquietantes", como las "zonas educativas" que prevé el anteproyecto de ley.

Los sindicatos fueron los más duros. Ustec, el de mayor peso en la escuela pública, se congratuló de la retirada de la propuesta de gestión privada de centros públicos. Y agregó: "Da por supuesto que para mejorar el sistema educativo sólo debe cambiarse la gestión de los centros y hacerla lo más similar posible a la de los privados, cuando no es así."

CC OO exigió a Educación que acote todos los aspectos vinculados a la función docente. "Que se garanticen el mérito, la capacidad, la concurrencia y la publicidad". Contestando a la propuesta de evaluar a las escuelas, CC OO pidió cambios "en la gestión del departamento y que se evalúe a sus responsables".

UGT denunció que no se encaran con valentía la formación profesional, la etapa de cero a tres años y la gratuidad de los libros de texto. En cambio, sorprende, añadió el sindicato, "que se regulen las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos".

En algunas asociaciones no sindicales de docentes, el texto ha sido, por el contrario, bien acogido. Es el caso de la organización AXIA, que reúne a directivos de centros, la cual ha hecho una primera evaluación positiva de que se impulse la autonomía de los centros y el poder de las direcciones como instrumentos para actuar y atajar los malos resultados que sufren algunas escuelas e institutos.