Las cercanías más caras de España

La advertencia estaba lanzada, pero ayer fue el propio presidente de la Generalitat quien confirmó alto y claro que Cataluña no aplicará la polémica reducción del 5% en el precio de los billetes de tren, a menos que el Gobierno central pague la diferencia. Durante una visita en Bruselas, Artur Mas afirmó que su Gobierno "no pagará las decisiones que se toman en Madrid sin consultar" y que afectan las competencias catalanas. El Ministerio de Fomento y su titular, José Blanco, ya dejaron claro, por su parte, el miércoles que no piensan hacerse cargo del sobreesfuerzo económico de la bajada, que la Generalitat cifró en 26 millones. Así pues, el lunes los billetes del sistema de cercanías de toda España bajarán un 5%. En Cataluña, los precios quedarán congelados. Rodalies, más caro que el resto de sistemas de España, aumenta la brecha de precios.

En Barcelona existe un sistema de precios integrado cuando se adquieren abonos de al menos 10 viajes. Esto significa que se puede comprar una tarjeta para 10 trayectos que se use indistintamente en metro, autobús, Ferrocarrils y Rodalies de la zona 1. Además, se pueden hacer transbordos entre transportes. En Madrid, por ejemplo, no existen abonos integrados para tren y metro. Lo que sí hay en ambas ciudades (como en todos los núcleos de España con servicio de cercanías) es la compra de billetes solo para el tren. Los sencillos y abonos de Rodalies, cuyos precios fija la Generalitat de Cataluña desde el traspaso de competencias, son los más caros.

Un trayecto en zona 1 y 2 de Madrid cuesta hoy 1,35 euros. En Barcelona, la zona 1 vale 1,45 euros; en Sevilla, 1,40 euros. El abono de 10 viajes exclusivo para Rodalies de Barcelona cuesta 7,85 euros. El abono de 10 en Madrid, 7,40 euros. Cuando el lunes las cercanías de Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y otras ciudades bajen el 5%, habrá aún más diferencia con los billetes de Barcelona, porque el precio en esos otros lugares se reducirá cerca de siete céntimos por billete.

Mas no se limitó a afirmar que los catalanes pueden acabar siendo los que más caro paguen el billete de cercanías por una decisión de su Gobierno, sino que también puso en duda la eficacia de las medidas anunciadas por el Gobierno para ahorrar energía. De esta manera, medidas como impulsar el cambio de bombillas del alumbrado público por otras de menor consumo han sido calificadas por el presidente de la Generalitat de "brindis al sol".

"Esta historia de que en Madrid se decide y nosotros pagamos, cuando encima nos piden que recortemos el presupuesto autonómico, no cuadra", explicó Mas a la prensa en su primera visita a la capital belga desde que asumió el cargo.

2"¿Quieren tomar decisiones de ahorro energético? Que nos las consulten y entonces decidiremos", apuntó el presidente Artur Mas, quien reprochó al Gobierno central que adopte medidas de manera unilateral sobre competencias que afectan a las comunidades autónomas. "Decidir en Madrid y pagar la fiesta nosotros no puede ser", afirmó el líder de CiU.

La Generalitat no quiere pagar los 26 millones de euros que asegura que le costaría rebajar el precio del transporte público. Entre otras cosas, porque asegura que su esfuerzo inversor en dichos transportes ha ido creciendo cada año. En la Región Metropolitana de Barcelona, que incluye la población de las comarcas de Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, el transporte público costó en 2009 (último informe anual completo disponible) alrededor de 1.200 millones de euros. Ese dinero se paga de dos formas: con los ingresos tarifarios, es decir, lo que los usuarios pagan por un billete, y con subvenciones de la Administración pública. Los billetes de los ciudadanos, actualmente, cubren cerca del 40% del coste real del servicio. El otro 60% se sufraga con ayudas.

Las aportaciones que el Gobierno central hace a ese trozo de la tarta de subvenciones, según cifras de la Autoridad Metropolitana del Transporte, ha ido reduciéndose sensiblemente. "Son subvenciones que se dan por habitante. En el caso de Cataluña, se ofrecen por residente en la Región Metropolitana. En Madrid, abarcan a los habitantes de toda la comunidad", explica una portavoz de ATM.

En la Región Metropolitana vivían 4,92 millones de personas en 2008. La aportación del Estado ese ejercicio al mantenimiento del transporte público fue de 173 millones. Es decir, que se transfirieron cerca de 35 euros por habitante ese año. En 2010, la aportación del Estado fue de 150 millones, o lo que es lo mismo, de unos 29 euros por habitante. Para el año en curso, según los presupuestos, pondrá 27 euros por habitante, el 30% menos que en 2008.

El precio del pastel de los transportes, una red cada vez más amplia y más completa, ha ido creciendo. También el número de habitantes ha aumentado hasta superar los cinco millones este año. Así pues, con las subvenciones del Estado mermando, han sido las Administraciones autonómicas y regionales (igual que en Madrid), las que han estirado sus aportaciones. La Generalitat disponía en 2008 de, aproximadamente, 52 euros por persona para mantener la red pública de la Región Metropolitana. En 2010 puso 58 euros. El Ayuntamiento de Barcelona entre 2008 y 2010 ha pasado de poner 18 euros a más de 23 euros.

Si los precios en el sistema integrado de transportes de Barcelona se reducen el 5%, tal como pidió el Ministerio de Fomento, el déficit tarifario será todavía mayor. "No necesariamente. Quizá la comunidad logre con ese incentivo de precio aumentar el número de viajeros, o puede que logre ser más eficiente y rebajar sus costes. Así se reduciría el déficit e incluso, la necesidad de ayudas", señaló un portavoz de Fomento.

El responsable del Departamento de Territorio y Sostenibilidad no lo ve tan fácil. Lluís Recoder manifestó ayer sus dudas sobre que una bajada del 5% pueda compensarse con un crecimiento de viajeros. Acumular 26 millones a golpe de nuevos usuarios no le parece tan fácil. "Los usuarios aumentan cuando se mejora el servicio, y para eso hace falta más inversión", añadió. Y esta inversión lleva reclamándola desde que llegó a su cargo y, en lugar de grandes obras -como otros consejeros han hecho al principio de sus legislaturas-, comenzó a anunciar recortes. Recoder recordó ayer que el Gobierno central solo ha invertido 306 de los 4.000 millones de euros previstos hasta 2015 en Plan de Cercanías.