El TSJC suspende cautelarmente el mapa eólico catalán

Entre los miembros de las asociaciones ecologistas del Empordà ARA y IAEDEN se respiraba ayer euforia. Han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspenda cautelarmente el mapa eólico catalán. Ambas agrupaciones exigieron la medida alegando que la Generalitat, antes de establecer y sacar a concurso las siete zonas preferentes para instalar molinos de energía en Cataluña (llamadas ZDP), no llevó a cabo el estudio ambiental global que exigía una planificación de esa envergadura.

El Departamento de Empresa y Empleo, responsable del área de energía, no quiso referirse a la medida ayer y se limitó a señalar que han encargado un estudio al gabinete jurídico de la Generalitat sobre la decisión del TSJC. CiU, sin embargo, lanzó la primera acusación: según el portavoz adjunto en el Parlament, Ramon Espadaler, la culpa es del Gobierno tripartito, que elaboró "tarde y mal" el decreto que regula la ordenación del sector. Asimismo consideró "paradójico y triste" que un tribunal suspenda una ley porque el anterior Gobierno, en su decreto, incumplió una norma que él mismo había impulsado.

CiU dice que la culpa del parón de los proyectos es del tripartito

Fuentes del anterior Ejecutivo señalaron ayer que todo el proceso se desarrolló con las máximas garantías y siguiendo el procedimiento obligatorio. Si no llevó a cabo un nuevo estudio global para el mapa eólico, justificaron, fue simplemente porque ya existía uno que hacía innecesario realizar otro. La normativa y las áreas de instalación tardaron más de dos años en estar definidas, tiempo en el que no hubiera habido problema en elaborar un nuevo estudio en caso de creerlo necesario.

"No nos gusta el modelo de energía eólica que se ha llevado a cabo. Solo beneficia a las grandes empresas. No es eficiente ni adecuado. Preferiríamos que se apostara por la producción a pequeña escala. La zona del Empordà donde se aprobaron [los parques de la primera ZDP] está al lado de un paraje natural y hay especies animales muy valiosas y delicadas", explicó ayer una portavoz de la IAEDEN. A pesar de todas las pegas que le encuentran al modelo eólico, no ha sido ninguna de ellas lo que ha causado la suspensión del TSJC. El parón temporal lo han conseguido denunciando la presunta falta de evaluación ambiental adecuada, un defecto casi más de forma que de fondo.

El tribunal, dice la resolución judicial, "dio la oportunidad a la Administración demandada para que formulase y argumentase" lo que estimara oportuno contra la acusación de los ecologistas. Sin embargo, señala el TSJC, la respuesta "en esencia" fue negar "la exigencia de ese componente ambiental".

La resolución insiste, sin embargo, en que la ley es clara respecto a que el componente ambiental era necesario. "La ley del 28 de abril de 2009 sobre evaluación ambiental de planes y programas" dice que "deben someterse a evaluación ambiental", entre otros, "el plan de energía de Cataluña" y "el plan de implantación de energía eólica". Considerando que esta evaluación global no se había llevado a cabo, el tribunal, formado por los magistrados Manuel Táboas, José Juanola y Ana Rubira, decidió adoptar la medida cautelar, que la Generalitat ahora puede recurrir.

Mientras se levanta o no la suspensión, las empresas que participaron en el concurso eólico de junio no pueden seguir adelante con sus proyectos. En total, en las siete zonas que se determinaron como prioritarias para levantar parques eólicos está previsto instalar molinos que produzcan 769 megavatios, para lo que será necesaria una inversión de las empresas privadas de 1.250 millones de euros. La alianza Gas Natural-Alstom se hizo con más de la mitad de la potencia del concurso. También lograron adjudicaciones Comsa Emte-GERR, Fersa-Aventalia y FCC.