Subsaharianos expulsados de centros de menores exigen amparo a la Generalitat

Fulminante. Así fue la expulsión del senegalés David Sow, que tiene 17 años según su partida de nacimiento, del centro de acogida de menores no tutelados de la Generalitat en el que se alojó desde el 12 de marzo de este año. El 28 de abril, un informe de la fiscalía de menores determinó que tenía "19 años o más". Y el mismo día "se le comunicó que era mayor de edad" y por eso debía irse, según el acta de expulsión. No importó que el chico manifestase "no tener red de amigos ni familiares" en Cataluña y que siguiese tratamientos médicos (había recibido la primera de las tres vacunas antitetánicas). Tampoco que, asegura, la Dirección de Atención a la Infancia (DGAIA) no hubiese tramitado aún su permiso de residencia. A pesar de todo, Sow estaba en la calle a los pocos días y, se queja, sin ayuda oficial.

Algunos jóvenes quedan fuera de la red de asistencia para los ya adultos

Él y otros compañeros suyos que aún están en el centro de acogida El Bosc y que temen una expulsión similar cuando cumplan 18 años o la DGAIA opine que ya los tienen denunciaron ayer que éste no es un caso aislado y exigieron a la Generalitat que ninguno se quede fuera de las ayudas que reciben algunos, los ex tutelados, en sus primeros años adultos. Se suman así a una queja que ya formuló el Síndic de Greuges en febrero, cuando vio "irregularidades" en la forma en que la DGAIA controlaba sus edades y reclamó que, en caso de duda sobre la veracidad de los documentos, sea la policía quien los investigue.

El Departamento de Acción Social, del que depende la DGAIA, señaló ayer que últimamente "se ha observado un crecimiento importante de nuevas estrategias de inmigración irregular" y que hay "mayores de edad que solicitan la protección" de instituciones para menores "con documentación no veraz". Sow no ha pagado aún los 42 euros que, dice, le costará recibir su pasaporte en la Embajada de Senegal en Madrid, y sólo tiene un certificado de nacimiento y otro de inscripción consular. "Que pida el pasaporte y no tendrá problemas" para justificar su edad, declaró ayer la cónsul que firmó el documento, Claudia Vila. Pero en diciembre pasado la DGAIA ya expulsó a 13 chicos al no dar fe a los pasaportes que acreditaban su minoría de edad.

Lo hizo tras someterles a unos exámenes médicos "que proporcionan únicamente un grado de aproximación", según el Síndic, y que, según estudios de la propia Generalitat, en dos tercios de los casos fallan en su estimación. Pese a ello, el departamento está convencido de que en 2008 logró establecer que una quinta parte de los 421 supuestos menores que solicitaron su atención eran adultos y, asegura, los derivó a otras entidades. Muchos de los que abandonan sus centros reciben ayuda del area de apoyo a jóvenes ex tutelados. Pero el Síndic también detectó "falta de coordinación en la derivación".

Sow es, de nuevo, un ejemplo de que los problemas persisten: Durante su corto paso por el centro no llegó a ser tutelado. Así que en su acta de expulsión no consta que se le derivase, sino que "se le proporcionó una lista de recursos para adultos adonde poder acudir". Se tuvo que buscar la vida y encontró una familia dispuesta a acogerle en Lloret de Mar.

Le ayudó en la tarea el secretariado de Inmigración de Convergència. Este partido ha presentado una batería de preguntas parlamentarias sobre la situación de estos chicos.