Saura convoca una cumbre para apaciguar el conflicto del 'top manta'

El conflicto del top manta es un puzzle de intereses enfrentados de difícil solución. La venta ambulante ilegal topa con el comercio tradicional, mientras que la policía persigue a inmigrantes sin papeles que venden productos -algunos, falsificados- para subsistir. El anuncio de los ayuntamientos de El Vendrell y Calafell (Baix Penedès) de crear zonas de tolerancia para manteros ha rebelado a los comerciantes y ha evidenciado el desamparo de los municipios. La Generalitat ha recogido al fin ese clamor y ha anunciado una reunión, la próxima semana, para intentar apaciguar el conflicto.

El consejero de Interior, Joan Saura, llamó ayer por teléfono a los alcaldes que han impulsado la polémica iniciativa de regularizar a los manteros. Saura les convocó para una cumbre a la que asistirán también representantes del comercio, de la inmigración, de otros departamentos de la Generalitat y del mundo municipal. La Generalitat ha excluido del debate, al menos por ahora, a los portavoces de los manteros.

Las posiciones sobre qué debe hacerse con este fenómeno pujante están enfrentadas, incluso dentro del Gobierno catalán.Si, hace unos días, Saura se mostraba "comprensivo" con la tolerancia hacia los manteros, otro consejero, el de Innovación y Universidad arremetió ayer contra esa iniciativa. En opinión de Josep Huguet, la presencia del top manta en zonas turísticas "da sensación de economía sumergida y de país en desarrollo". Huguet remarcó que los responsables de regular la venta ambulante son los consistorios. Estos, por su parte, alegan que hacen lo que pueden y reclaman a la Generalitat y al Gobierno que intervengan.

"No vamos a dejar desamparados a los alcaldes, que conocen la realidad. La solución [de El Vendrell y Calafell] no es la mejor porque no se puede legalizar lo ilegal, pero es la única medida que tenían a su alcance para evitar un conflicto grave", subrayó ayer Manuel Bustos, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña. Bustos admitió que los manteros "dañan al comercio" y pidió a la Generalitat que lidere la solución del problema porque los alcaldes están "desamparados".

El responsable de Comercio de la federación estatal, Josep Maria Tost, reclamó "más coordinación desde el Gobierno central, porque el descontrol municipal es total". A esta idea se sumó el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, quien reclamó al Estado que ponga fin al "limbo jurídico" en el que se encuentran los vendedores sin papeles. La Asociación Catalana de Municipios lamentó la "dejadez" de la Generalitat y del Gobierno central.

Los Mossos d'Esquadra siguen luchando contra el top manta en la medida en que la venta de productos falsificados es delito. Y el Cuerpo Nacional de Policía realiza inspecciones periódicas a los manteros, algunos de ellos en situación irregular en España. Ambos cuerpos, sin embargo, no se dirigen al eslabón más débil de la cadena, sino que atacan a quienes les suministran los productos. Se trata de grupos, más o menos organizados, de personas de origen chino y paquistaní que importan los bolsos o tuestan los vídeos piratas para venderlos a los manteros a través de algún intermediario.

La investigadora de la UAB Gemma Galdón aseguró que al menos cuatro municipios (que no concretó) median con los manteros desde hace cuatro años.