S&P rebaja la nota a Cataluña por la deuda y el elevado gasto

La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P) se apuntó ayer a las voces que piden austeridad a Cataluña. Justo cuando la Generalitat pide "sacrificios" a los ciudadanos para poder salir de la crisis, S&P le rebajó la nota a su crédito a largo plazo, aduciendo que la brecha entre sus ingresos, mermados por la crisis, y su endeudamiento es cada vez más grande y que se ampliará aún más los próximos meses. Según los analistas de la firma, este desequilibrio se mantendrá a largo plazo. Por eso, le cuelgan el aviso de "perspectiva negativa", lo que supone dejar la puerta abierta a futuras rebajas, "por la posibilidad de que Cataluña pueda llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal menos intenso de lo que se espera".

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La firma estadounidense S&P, que como Moody's y Fitch se dedica a analizar y poner nota a productos financieros con la intención de indicar a los inversores su solvencia, decidió que la deuda a largo plazo que emite Cataluña merece tener un A+, en lugar del AA- que le otorgaba hasta ahora. Esto significa que pasa del cuarto al quinto escalón de la clasificación que usa esta compañía, de más a menos solvencia.

Ese A+ significa que el crédito catalán se mantiene en la parte alta (y, por tanto, solvente de la tabla), ya que las notas que pone S&P parten del AAA, para los productos más seguros, y recorren un largo camino de letras con signos positivos y negativos hasta llegar a una veintena de notas y después a la D, que corresponde a las inversiones consideradas especulativas y de altísimo riesgo.

Para imponer el rating A+ a Cataluña, S&P asegura haber atendido a varios criterios. Para empezar, el bajo crecimiento económico previsto para la comunidad y para España. También el modelo productivo, que el analista de la agencia Lorenzo Pareja valora de "bien diversificado y con una buena capacidad exportadora, por encima de la media de la Unión Europea". Pero las mayores pegas las encuentra en el endeudamiento. Dice que la ratio de la deuda (que supone compararla con los ingresos) sobrepasa los límites que se consideran adecuados a la calificación que tenía antes.

Aunque S&P no deja claro qué datos maneja, atendiendo a la liquidación de 2009, Cataluña tuvo unos ingresos de 21.257 millones de euros. Según la Generalitat, la deuda al terminar 2009 era de 22.514 millones, o lo que es lo mismo, el 105% de los ingresos. Según el analista de la agencia, si no se aplican medidas "enérgicas" este año, temen que esa ratio pueda llegar al 180%.

En los últimos meses las firmas de rating han estado en el punto de mira. Antes de estallar la gran crisis financiera de 2007, algunos de los productos más tóxicos de la Bolsa (como las llamadas hipotecas subprime) tenían las calificaciones más elevadas. Islandia, antes de quebrar, también. En cambio, la de Grecia la han rebajado varias veces, hasta la doble B, sólo en cuatro meses. Muchos han puesto en duda su eficacia, ya que, mientras que en algunos casos el celo de calificación es enorme, en otros las malas notas han llegado ya después del desastre.

La necesidad de reestructurar todo el sector público, al igual que deben hacer numerosas empresas, fue puesta ayer sobre la mesa por el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Juan Rosell. "Las empresas cierran plantas, buscan sinergias, se fusionan, recortan gastos, se reestructuran para ser más competitivas. Ha llegado el momento de reestructurar la Administración", reclamó Rosell, que sin embargo consideró "acertadas" las medidas de recorte de gasto anunciadas por el Gobierno y por la Generalitat, entre las cuales destaca un recorte medio del 5% en el sueldo de los funcionarios. "No nos podemos quedar ahí", señaló, en alusión a unos funcionarios que "en muchos casos no están bien pagados, pero que en otros no tienen trabajo".

El presidente de Fomento llamó a "arriesgar" y a "probar" soluciones, vistos ciertos solapamientos de diferentes niveles de la Administración que, a su juicio, se producen tras los traspasos de competencias en el desarrollo del Estado autonómico.

Dos ideas que planteó la patronal son, por una parte, mentalizar y tratar a los parados que cobran subsidio "como trabajadores del Estado", de modo que estén obligados a formarse para reciclarse y encontrar otro empleo. Por otra, mencionó "si no sería lógico suprimir ayuntamientos". Preguntado al respecto, matizó que se trata de buscar sinergias, como compartir algunos servicios, como el agua y la recogida de basuras, y también la policía. Algunos ya comparten servicios a través de mancomunidades, pero Rosell sugirió también reformar estas últimas "y todos los niveles de las administraciones". CC OO de Cataluña criticó a la patronal por haber aplaudido los recortes salariales de los funcionarios.

Otra de las advertencias formuladas en círculos empresariales fue la del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, quien se mostró inquieto con la posibilidad de que la inversión del Estado en Cataluña -que blinda la disposición adicional tercera del Estatuto- disminuya a resultas del tijeretazo anticrisis de Zapatero. En esa advertencia coincidió con Rosell. Sin embargo, Valls dijo que las medidas del Gobierno central contra el déficit público van en la dirección correcta.