Recoder elude combatir la contaminación y deja para los alcaldes la limitación del tráfico

El problema, para los ayuntamientos. El nuevo plan para reducir la contaminación que presentó ayer la Generalitat identifica el culpable entre el 80% y el 90% de las emisiones en áreas urbanas: los vehículos. Pero se inhibe sobre el asunto y deja las posibles restricciones del tráfico en manos de los alcaldes. "No ordenaremos restricciones, que decidan los ayuntamientos", señaló sobre el asunto la directora de Calidad Ambiental, Assumpta Farran. "Así no se aborda el aspecto esencial ni se garantiza reducir la polución", lamentó el asesor de la Generalitat y experto en contaminación atmosférica, Xavier Querol.

El área barcelonesa incumple los niveles de polución que fija la normativa de la UE desde que esta entró en vigor, en 2009. El nuevo plan, que traza la ruta hasta 2015 para alcanzar los objetivos que fija Bruselas, será remitido a la UE sin garantía de éxito. "Cumplir la ley dependerá de los ayuntamientos", ilustró Querol.

París proyecta restricciones al tráfico a partir de principios de 2012

Esta inhibición, decidida por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Lluís Recoder, va en sentido inverso al de Europa: unas 130 ciudades de los principales países -Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda, entre otros- ya aplican medidas para restringir el tráfico como única vía para frenar drásticamente la polución.

La contaminación supone un problema sanitario que causa 3.500 muertes prematuras al año solo en el área de Barcelona; incumplir los niveles de la UE se traduce además en sanciones económicas aún por concretar que acabarán pagando los contribuyentes. Los niveles de polución han provocado una investigación de la fiscalía para determinar si la Generalitat actúa debidamente para resolver el problema.

El plan proyectado por Recoder incluye una cuarentena de medidas bien acogidas por los expertos, pero consideradas complementarias. Contempla decretar normativas para que las policías locales de los municipios puedan sancionar los vehículos que contaminen más de lo permitido. Tambiénprevé premiar a los vehículos limpios mediante descuentos en peajes y garajes públicos, básicamente.

En el mejor de los casos, calcula el plan, las emisiones se reducirán entre el 16% y el 20% en los próximos cinco años. "Optamos por una vía lenta, pero la vía rápida supone aplicar restricciones sobre casi la mitad de los vehículos", señaló Farran. A menos que los municipios acuerden limitar el tráfico urbano, medida impopular que la Generalitat prefiere no abordar, Recoder se limitará a aprobar un plan que asume que el área de Barcelona seguirá excediendo los niveles de polución fijados por la UE hasta 2015 y más allá.

El plan no aporta medidas de peso ni las promueve: instar a los ayuntamientos a crear áreas restringidas al tráfico, de hecho, es una imposición recogida en el Plan Estatal para la calidad ambiental que Recoder se limita a traspasar, sin pronunciarse sobre el asunto, a los ayuntamientos catalanes.

El departamento, sin embargo, insiste en descartar la necesidad de aplicar restricciones de tráfico. "Podríamos exigir requisitos que implicaran este tipo de prohibiciones pero afectaría a la mitad de vehículos y quizá no es sostenible para los ayuntamientos", defendió Farran. La Generalitat insiste en que la problemática del área barcelonesa es distinta de la de otros países europeos porque cerca del 70% de vehículos en Barcelona son diésel, mientras en Berlín apenas rondan el 30%. Por ello, razona el departamento dirigido por Recoder, el Gobierno catalán apuesta por reforzar el transporte público y fomentar el uso de vehículos limpios.

Los vehículos diésel pueden emitir hasta cuatro veces más polución -esencialmente dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas contaminantes (PM

10)-. "Considerando el parque de vehículos barcelonés, no podemos importar las políticas de restricciones que impulsan otros países", insistió Farran en una argumentación que contraría a los expertos. "¿Será más lista la Generalitat que el resto de Gobiernos europeos? ¿Ha encontrado la solución mágica al problema?", ironizó Querol. Este asume que otros países como Italia tienen un problema similar al barcelonés -Roma, Milán, Nápoles y Palermo, entre otras, aplican restricciones a un parque de vehículos principalmente diésel- y han demostrado que imponer restricciones sigue siendo la medida más efectiva. "Berlín solo tiene el 30% de diésel porque aplican restricciones a vehículos de este tipo desde hace años", señala el investigador. "El plan de la Generalitat no garantiza cumplir los niveles de la UE, aunque avanza en otros aspectos complementarios", admite Querol, que está asesorando al Ayuntamiento de París para aplicar restricciones al tráfico a partir de 2012.

Es una senda parecida a la iniciada por el anterior Gobierno tripartito, que se lanzó a limitar la velocidad en los accesos a Barcelona. La medida, que levantó protestas de los conductores, redujo las emisiones alrededor del 11%, según estudios científicos. La medida se desechó poco después de la llegada de CiU a la Generalitat a finales del año pasado. El Gobierno de Artur Mas justificó que Territorio y Sostenibilidad elaboraría medidas compensatorias para reducir la polución. En lugar de concretarlas, Recoder se ha puesto de lado para que el asunto pase de largo hasta los ayuntamientos.

El embrollo refleja además la compleja gestión de la polución, fenómeno que requiere una mejor coordinación entre las distintas administraciones. "Si yo corto el tráfico en el centro urbano y el municipio vecino no, me llevaré el coste político pero no servirá de nada: los contaminantes cruzan las ciudades de todos modos", señaló ayer el alcalde de un municipio del área barcelonesa que pidió anonimato para ilustrar la difícil situación en que la Generalitat deja a los ayuntamientos.