Una Play para el subinspector

El 28 de mayo de 2009, Juan Miguel B. H. se dirigió a un coche aparcado en Barcelona, abrió el maletero y extrajo una maleta con 54 kilos de cocaína. Aquella detención fue realizada por guardias civiles con intereses espurios -cobrar una deuda al narco que encargó la droga-, quienes redactaron un atestado en el que no reflejaron la cantidad real de droga intervenida. Las irregularidades del atestado levantaron sospechas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que inició una investigación sobre la red de narcotraficantes y el presunto vínculo de estos con policías.

Un año y medio después, el sumario del caso ha dejado de ser secreto y la investigación ha puesto de relieve los supuestos delitos, corruptelas y tejemanejes que se cocían entre policías de distintos cuerpos y gente del mundo de la delincuencia común. Policías y narcos mantenían relaciones intensas, se hacían favores mutuos y eran, en algunos casos, amigos.

Un funcionario de prisiones cobró por dar trato de favor a detenidos

Las escuchas telefónicas -más de 100 teléfonos intervenidos, más de 10.000 llamadas transcritas en un sumario de 13.000 folios- ponen de relieve los comportamientos ilícitos de los policías. "Oye, pídele la Play al tío ese", dice, en una de las conversaciones, el subinspector de los Mossos d'Esquadra Josep Ranea, ahora encarcelado. Ranea había ejercido su influencia para que ingresara en la escuela de policía el amigo de uno de los presuntos traficantes. A cambio, recibió una videoconsola Play Station.El subinspector, ex número dos de la comisaría de Vilanova, facilitaba información a la banda de traficantes. El juez ordenó su ingreso en prisión sin fianza por los delitos de asociación ilícita, revelación de secretos y cohecho. Según las diligencias policiales incluidas en el sumario, Ranea hacía toda clase de favores y hablaba con los narcos con naturalidad. Los investigadores sospechan que recibió dinero por brindar protección al gerente del club náutico, que le había pedido una patrulla como "favor personal". Después, él y otros mandos comían gratis en el restaurante del "amigo".

Ranea sospechó que los agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) de la policía autonómica le seguían la pista y, por ello, "mantuvo medidas de protección evidentes para que ciertos temas no se hablasen por teléfono, usando líneas seguras y dificultando la investigación", según los informes policiales.

La operación se saldó con la detención de otros dos mossos. El cabo Mauricio Llopis pidió ayuda a dos cabecillas de la banda -uno de ellos, el que fue a recoger los 54 kilos de droga al coche- para que usaran sus contactos y evitaran "que la cosa fuera a mayores", en alusión a la declaración que Llopis tuvo que prestar ante la DAI. Los dos presuntos delincuentes acabaron pagándole la abogada.

La participación del tercer policía, José Antonio Molina, es más indirecta, pero revela comportamientos igualmente reprobables. Molina se ofreció a dar falso testimonio ante el juez para ayudar a uno de los investigados y aseguró que la banda podía venderle sin problemas un coche que no tenía los papeles en regla, porque él podría "usar la placa". La DAI considera que el agente "podría ser consumidor de cocaína".

Además de los detenidos, hay más de 10 guardias civiles imputados por falsedad documental y tráfico de drogas. Según se desprende de las investigaciones, los imputados modificaron el atestado a su antojo. Uno de los jefes de la red, Marco Antonio Crespo, asegura en una conversación que el operativo de mayo de 2009 se hizo para inculparle a él y cobrarle "cosas del pasado". El responsable del grupo de la Guardia Civil compró tarjetas SIM a su cuñado y las repartió entre sus hombres para mantener líneas seguras. La unidad de asuntos de internos del instituto armado acabó descubriendo la trama.

La cadena de favores entre narcos y policías va más allá. Otros agentes que están siendo investigados -pero que, por ahora, no están imputados- permitían a delincuentes acceder con ellos a comisaría para bucear en las bases de datos policiales y consultar asuntos de su incumbencia. Los narcos también utilizaban nombres de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona conocidos suyos para evitar multas en los controles de alcoholemia. Otro policía local se dedicaba a comprar objetos robados que le ofrecía un delincuente. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía pudo haber interferido en las investigaciones, según los Mossos. Y un guardia civil se interesó por el fiscal del caso para acabar asegurando que este era "amigo hasta la médula".

Entre los imputados también hay un funcionario de prisiones de Brians por dar trato de favor a la banda a cambio de sobornos.

Algunos miembros de la banda trabajan como personal de seguridad en locales de ocio nocturno. Uno de sus temas de conversación son los Casuals, la facción más violenta de los Boixos Nois (los ultras del Barça), dedicada a la extorsión y a propinar palizas por encargo. Según los informes policiales, existían "tensiones" entre dos de los investigados y miembros de los Casuals por los problemas que estos creaban en las discotecas de Barcelona.

Manuel G. C. ocupa un lugar central en las pesquisas. Es un antiguo confidente que destapó dos casos de presunta corrupción policial: el de los prostíbulos Riviera y Saratoga, y el de la banda que robó 400 kilos de cocaína del puerto de Barcelona. En las conversaciones telefónicas, este confidente (que también está imputado porque se encontró un arma en su casa) involucra a policías de todos los cuerpos, a los que tilda de "corruptos".