Millet desvió en efectivo un tercio de los 35 millones estafados al Palau

Un año después del espectacular registro de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Música, la entidad cierra hoy la auditoría del fraude que perpetraron su ex presidente Fèlix Millet y su círculo más próximo. La auditoría ha constatado el desvío de alrededor de 35 millones de euros, de los cuales unos 14 millones, más de un tercio del total, salieron en efectivo, en dinero contante y sonante, y en cheques. Sin embargo, los auditores no han podido determinar dónde ha ido todo ese dinero.

La retirada de dinero de las cuentas de las tres entidades que integran el Palau de la Música -la asociación, la fundación y el consorcio- fue entre 2000 y 2009 una de las fórmulas más frecuentes de las que se valieron Millet y su mano derecha, Jordi Montull, para desviar fondos desde la entidad musical. Sin embargo, esos cuantiosos reintegros hicieron saltar las alarmas en la Agencia Tributaria. Una oficina de Caixa Catalunya comunicó que a lo largo de 2003 se habían producido varios "movimientos significativos", con retiradas de hasta 300.000 euros.

La investigación ponen en evidencia las artimañas para escamotear fondos

El resultado de esa investigación de Hacienda culminó con la intervención policial del 23 de julio del año pasado. Entonces, el juez investigaba un presunto fraude de 2,29 millones de euros que en el último año no ha hecho más que irse hinchando. Millet y Montull confesaron haber estafado 3,3 millones, pero los informes periciales encargados por el Palau de la Música a la auditora Deloitte han ido engordando esa cifra hasta los 35 millones que ya arrojó el informe del pasado mes de febrero y que ayer confirmó el vocal de la junta del Orfeó Català Antoni Dalmau en Catalunya Ràdio.

Esta cantidad incluye el desvío de fondos que Millet hizo valiéndose de las obras del emblemático edificio modernista de Lluís Domènech i Montaner. Estas se iniciaron en 1999 con un presupuesto de 9,1 millones de euros. Al final, los trabajos que dirigieron los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díaz costaron 14 millones, pero Millet se hizo con financiación para 24 millones. La diferencia, según los auditores, se añade al dinero que desvió Millet.

De estas cantidades, además, 3,7 millones de euros corresponden a dinero público procedente del consorcio, que está integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central. A pesar de que los interventores de la Generalitat confirmaron en noviembre que Millet había estafado dinero al consorcio, el ex presidente del auditorio no está imputado por malversación de fondos públicos.

La investigación ha puesto de manifiesto que para desviar tales cantidades Millet se valió de todos los métodos habidos y por haber. Según han destapado los auditores, se inventó una cláusula por la que podía cobrar un 10% del presupuesto en concepto de remuneración extra si el Palau registraba superávit; facturó directamente las obras de su casa de L'Ametlla del Vallès, donde montó un minipalau; cobró en especie usando a su antojo las instalaciones para, por ejemplo, las bodas de sus hijas; viajó alrededor del mundo a cuenta del Palau; compró edificios con los fondos de la entidad, y sacó el dinero en efectivo de las cuentas de la institución.La auditoría que encargó el equipo del Palau que encabeza Mariona Carulla ha podido determinar de dónde salió el dinero, pero no todos los fines a los que se destinó. Entre otros motivos, porque el juez no ha ordenado rastrear las cuentas bancarias de Millet, adonde el entorno del Palau considera que podría haber ido parte del botín.

Casi desde el principio, además, asomó otra derivada del caso: la presunta financiación irregular de partidos políticos. Un anónimo que el juez recogió en el sumario ya indicaba esa posibilidad, que más tarde se materializó cuando el dirigente de Convergència (CDC) Àngel Colom admitió haber cobrado 72.000 euros para saldar las deudas del extinto Partit per la Independència. Poco después, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, reconocía que la Fundación Trias Fargas -hoy rebautizada como Catdem- había ingresado 630.000 euros en concepto de unos convenios que los gestores del Palau advirtieron que habían salido de la caja B de la entidad y que, además, eran nulos de pleno derecho. CDC decidió devolver, en cómodos plazos, esa cantidad a la institución.

Pero la cuestión no se zanjó ahí. A medida que los auditores iban registrando las cajas y los soportes informáticos del Palau, aparecían nuevos documentos que apuntaban a la financiación irregular de CDC, que los dirigentes de este partido siempre han negado. El informe pericial detectó que la entidad musical abonó casi dos millones de euros a tres empresas vinculadas a campañas electorales -Letter Graphic, New Letter e Hispart- que, según los gestores y trabajadores del Palau, nunca trabajaron para este y, en cambio, sí recibían encargos de CiU con frecuencia.

La sospecha se hizo todavía mayor cuando la investigación accedió a las agendas de la ex directora financiera Gemma Montull, imputada en el caso, y a varios documentos que relacionaban la concesión de obra pública por Ferrovial, uno de los principales patrocinadores del Palau, con presuntos cobros de comisiones por Millet. Ese dinero, según los papeles hallados en el Palau, luego iba a la Fundación Trias Fargas o a las empresas vinculadas con las campañas electorales de CDC.

A su vez, en la documentación aparecían al menos un ex alcalde independiente de L'Ametlla del Vallès y un concejal de CiU en la localidad a sueldo de Millet, aunque estos más tarde también lo negaron. El Parlament decidió entonces abrir una comisión para investigar una eventual financiación irregular de CDC, que la semana que viene prevé emitir sus conclusiones.

La comisión ha servido, de momento, para acumular más indicios sobre el pago de comisiones por obra pública. Los documentos salpicaron al ex responsable de finanzas de CDC Carles Torrent; al actual, Daniel Osácar, y al ex diputado nacionalista Jaume Camps. Los papeles hallados, además, señalan que la supuesta comisión de rigor por la obra pública era del 4%, de la que el 2,5% salía del Palau hacia su destinatario. Todos y cada uno de estos nombres de CDC han negado cualquier implicación en el caso Palau.

La guinda a todo este proceso fue el encarcelamiento de Millet y Montull durante 13 días. No por este caso, sino por posibles delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias con relación al proyecto urbanístico del hotel del Palau. En esta causa la fiscalía ha acusado también al teniente de alcalde de Barcelona Ramon García-Bragado y al gerente de Urbanismo de la ciudad, Ramon Massaguer.