Mena y Cleries rinden cuentas

Los consejeros de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, se sientan hoy en el Parlament para rendir cuentas por el caos de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Buena parte de los 34.000 beneficiarios de esta ayuda de último recurso -de la que en total dependen 110.000 personas- han vivido un agosto angustioso en el que, sin previo aviso, se les ha privado durante semanas de los 420 euros con los que deben pagar recibos, el alquiler, comprar comida y subsistir. Muchos aún deberán esperar al 1 de septiembre para recibir el dinero. Los beneficiarios de la renta mínima son los más desfavorecidos de la sociedad, gente con problemas de exclusión social o que están sufriendo con especial dureza la actual crisis económica. Entre ellos hay algunos -los expertos estiman que pueden ser el 2%- que se benefician de la ayuda de forma fraudulenta. Mena y Cleries deberán explicar hoy ante los diputados por qué la lucha contra ellos ha supuesto un devastador castigo para todos los demás.

Cleries y Mena representan dos formas de hacer política antagónicas. Del primero, curtido en la oposición y en el diálogo con las entidades sociales, se esperan más argumentos que la tímida disculpa que ofreció la semana pasada a los afectados. El segundo, pulido en Esade, deberá cambiar su tono frío y aportar datos a las acusaciones vertidas los últimos días contra los supuestos defraudadores. Fuentes de la oposición aseguran que han preparado a fondo la comparecencia de hoy. Empezará hablando Cleries, repasando la evolución de la RMI; recogerá el guante luego Mena, que, según fuentes del Gobierno, aportará los datos que han motivado la crisis originada por el Ejecutivo. Luego será el turno de los partidos. La oposición exige dos cosas: disculpas y propósito de enmienda. Enric Colet, secretario general de Empresa, llegó a asegurar que la Generalitat era "consciente" de los problemas que causaba. Los grupos de izquierda también reclamarán que se recapacite el cambio en la RMI que plantea el Gobierno, que ha endurecido las condiciones para recibir esta prestación.El líder de Iniciativa, Joan Herrera, ya avanzó ayer que pedirá dimisiones de los "responsables" de los desaguisados de la RMI. El resto de grupos se guarda un as en la manga. Mena y Cleries tendrán que extenderse en sus explicaciones. La crisis ha generado muchas preguntas sin respuesta.

- Cambio en la forma de pago. La crisis empezó cuando el Gobierno decidió, sin avisar, cambiar la forma de pago de la renta de los más pobres a un cheque. El Departamento de Empresa se hizo valer de una base de datos desfasada, lo que dejó a miles de beneficiarios (los 34.000 expedientes sirven de sustento a 110.000 personas) sin cobrar.

- Fraude. El Gobierno se escudó en un supuesto fraude. Lo hizo sin dar datos. Mena lanzó una acusación masiva contra la comunidad marroquí, que tampoco concretó con cifras. La oposición se las exigirá: "Debe aportar datos, no percepciones. El fraude en la RMI es como las armas de destrucción masiva. Primero actúan, luego se justifican", apuntaba ayer la socialista Eva Granados. Especialmente relevante será saber cuántos perceptores de la renta viven fuera de Cataluña.

- Trato a los afectados. Cuando estalló la crisis, el secretario general de Empresa, Enric Colet, dijo: "Lo hemos hecho plenamente a conciencia en agosto, esta gente no hace en vacaciones. Sabíamos que algunas personas sufrirían". La oposición clamó contra lo que juzgó un "menosprecio" de Colet. Los partidos reprochan a Mena que tenga una actitud similar.

- ETT para detectar fraudes. En todo momento, el Gobierno actuó de espaldas a las entidades y trabajadores sociales. Para descubrir el presunto fraude, Empresa contrató personal administrativo en una empresa de trabajo temporal, que realizan las entrevistas. Son 11 sencillas preguntas que la oposición juzga ineficaces.

- ¿Se dan nuevas ayudas? Es una de las principales incógnitas que hoy tendrán que despejar los consejeros. El PSC hizo pública una circular del Gobierno en la que se aseguraba que ya no habría más ayudas por falta de presupuesto. La partida destinada a la RMI está al límite y la Generalitat reconoce que los trámites están muy ralentizados. Las entidades sociales denuncian que prácticamente se ha cerrado el grifo.

- Cambios en la ley. El Gobierno modificó la RMI con la ley de medidas fiscales y financieras y ahora tiene a punto un decreto que restringe aún más la ayuda. La izquierda pedirá abrir más la prestación. El PP, en cambio, reclamará más "rigor y control". Los consejeros deberán aclarar por qué el Ejecutivo hizo caso omiso a las recomendaciones de su propio consejo asesor de políticas sociales para cambiar la renta.

- Coordinación. Mena y Cleries han ido por caminos diferentes. Sin ir más lejos, mientras que el primero acusaba sin pruebas de un fraude masivo, el segundo se disculpaba. El Departamento de Empresa ha arrinconado al de Bienestar, que tradicionalmente había llevado la voz cantante en la gestión de la RMI.