¿Legalidad, moralidad u honestidad?

Hace aproximadamente un año, en plena turbulencia de la crisis financiera norteamericana, recuerdo un diálogo en un medio de comunicación anglosajón entre un periodista y un alto ejecutivo de una de las instituciones financieras americanas que la crisis obligó a rescatar con dinero público. Ya empezaba a ser evidente que la debacle estaba provocada, entre otras razones, por la falta de prudencia y la errónea gestión del riesgo en las inversiones del banco. Errores que lo habían descapitalizado y además habían comprometido o provocado la desaparición de los fondos depositados por sus clientes, a través de un contrato implícito de confianza. No hay que decir que a los pocos meses el banco había sido reflotado por el Gobierno, los fondos se habían parcialmente salvado y el ejecutivo había sido "sustituido" y se quedó sin trabajo, con algunos millones de dólares en el bolsillo, fruto del cobro de los incentivos pactados por su labor de captación de recursos. En el diálogo, el periodista mostraba su extrañeza ante la actuación de aquella persona y ésta reconocía que en más de una ocasión era consciente de que alguna operación era "dudosa", "discutible" y tal vez "incorrecta". La pregunta fue inmediata: "Pues, ¿por qué lo hacía?". Y la respuesta también: "Porque no era ilegal". Con lo cual estaba diciendo explícitamente que no tendría por qué responder por ello. La anécdota refleja una situación -extrema- de algo cada vez más corriente en nuestra vida social que lleva a confundir a las personas. No se puede actuar a partir del principio de que todo lo que no es ilegal es bueno. Una cosa es que algo sea ilegal y otra muy distinta que sea inmoral, ilegítimo o no ético o deshonesto (cada uno puede escoger la palabra que más le convenga). El ejercicio de la libertad no viene solamente limitado por las leyes. Por suerte, ya que, si fuera así, o bien estaríamos en un Estado tiránico o bien la convivencia sería imposible. No todo lo que no es delito es bueno. Hay muchas cosas que, sin estar tipificadas como tal, son socialmente inaceptables y por tanto provocan el rechazo popular.

No todo lo que no es delito es bueno. Sin el ámbito de la ética, de la honestidad y de la legitimidad, la vida social no sería posible

En el acontecer reciente español y catalán hay una serie de situaciones que nos deben interpelar. ¿Es legal que un banco privado pacte con un ejecutivo un retiro de 53 millones de euros? Evidentemente, sí. No hay ninguna ley que lo prohíba. ¿Es legal que una fundación privada entregue a otra fundación privada unas subvenciones con finalidades culturales? También lo es, si nos quedamos en la superficie de la actuación. ¿Es legal que un cargo político acepte y reciba regalos? Otra vez la respuesta es sí Por tanto, en todos estos casos y otros más, los jueces no deben ni pueden actuar, a no ser que a raíz de su investigación preliminar se descubran otras implicaciones que lo conviertan en ilegal. Pero las responsabilidades no terminan con las responsabilidades legales, ya que hay un ámbito fundamental en las relaciones sociales que es el ámbito de la honestidad, de la ética, de la legitimidad, que va más allá y sin tener en cuenta el cual no sería posible la vida social.

El aspecto más preocupante de todo ello es la influencia que estas situaciones tienen en la opinión pública, ya que pueden ir generando y acrecentando la conciencia de que "dentro de la ley, todo vale". Esta conciencia es enormemente peligrosa no sólo en los ámbitos político y económico, sino también en actividades mucho más corrientes, como la convivencia vecinal, el uso del espacio público o la utilización de servicios colectivos.

Creo que, para evitar efectos negativos en la educación de los hábitos sociales, hay que desterrar del mundo político algunas prácticas habituales, como son la de utilizar el argumento de legalidad en la defensa de comportamientos irregulares y la de ligar las exigencias de dimisiones de cargos, tanto económicos como políticos, a las evidencias de una imputación o de una condena. La justicia actúa con lentitud (un gran inconveniente) y con prudencia, una gran suerte para la seguridad jurídica. Por ello, las situaciones de prescripción o de inconsistencia de pruebas son frecuentes, por lo que la no inculpación no siempre es garantía de conducta correcta.

La asignatura de civismo, de la que estoy a favor en contra de algunos sectores, debe ser reforzada con actuaciones que reivindiquen, además de la legalidad, los comportamientos honestos.

Joan Majó es ingeniero y ex ministro.