Hereu aplica un plan de choque para 616 viviendas del Raval

La lucha contra los problemas que asfixian al Raval entra hasta la cocina. El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer un plan especial con el que rehabilitará, una a una, 616 viviendas de 63 fincas de las calles de Robador y Sant Ramon. El 20% de los edificios tienen problemas estructurales y en ellos hay siete focos de prostitución y venta de droga.

El proceso, que busca también evitar pisos patera, está amparado por la Ley de Derecho a la Vivienda, que establece que un ayuntamiento puede crear un área de conservación y rehabilitación en zonas especialmente degradas y donde esté amenazada la cohesión social. En este tipo de área delimitada el Consistorio podrá ordenar a los propietarios la rehabilitación de los inmuebles. Si estos no acatan la orden, el Ayuntamiento podrá emprender las obras por su cuenta y pasar luego la factura de la rehabilitación. También tendrá derecho de compra preferente y podrá hacer programas de inspección para evitar la sobreocupación en los pisos.Como medida extrema, el plan prevé la expropiación de los inmuebles más degradados, como el de Sant Ramon, 6, en el que se encuentra el meublé de la conocida Carmen de Mairena. Este edificio es actualmente propiedad de la Delegación de Hacienda de Cataluña, tras el fallecimiento sin herederos de su propietario.Por otra parte, los dueños de los inmuebles que se encuentren desocupados podrán ser obligados a incorporar al mercado las viviendas y si es necesario acordar el alquiler forzoso.

La zona afectada por el plan concentra los grandes problemas del Raval

Para justificar la actuación, la portavoz del gobierno municipal y concejal de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, aseguró que "lo que pasa dentro de las viviendas tiene una gran incidencia en el espacio público". Escarp recordó que el año pasado se puso en marcha el nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella y el plan de barrio del Raval sur.

La también teniente de alcalde descartó que se derriben edificios durante la intervención, pero explicó que se podría ejercer la compra preferente en otros seis edificios problemáticos "para devolverlos al uso que no tienen, el de vivienda". Según un informe del Ayuntamiento, solo cuatro edificios concentran casi todos los problemas planteados por los vecinos. El Consistorio se negó a revelar cuáles son.

El nuevo plan requerirá una inversión de 9,7 millones de euros para la rehabilitación del parque de viviendas y 10,4 millones para expropiaciones o para ejercer el derecho de compra preferente. La ley dice que con la delimitación de un área se puede obtener financiación del resto de las Administraciones. El Ayuntamiento de Barcelona calcula que se podría adquirir un 10% del parque de viviendas de la zona para pisos protegidos.

Un portavoz municipal explicó que si se acometen expropiaciones, se procederá a los realojos y se pagarán las indemnizaciones fijadas por ley. E 74% de los pisos están arrendados.

El estudio de diagnóstico que realizó el Ayuntamiento pone de manifiesto las difíciles condiciones de las 63 fincas que serán intervenidas y de los habitantes de esta zona del Raval.

Según el padrón, allí viven unas 1.675 personas, de las cuales el 57% son inmigrantes y el 20% jubilados. El desempleo es otro de los problemas, pues el 12,8% de los vecinos no tienen trabajo. Los hombres son el 64% de la población.

En el conjunto de Barcelona, solo un 7,7% de las viviendas albergan a cuatro personas o más. En el Raval, el porcentaje sube al 15.8%. Y en la nueva zona de rehabilitación alcanza el 24,4%. Respecto al estado de las construcciones, el 71% de las fincas son anteriores a 1901. Uno de cada cinco edificios necesita serios trabajos de rehabilitación, pues se encuentra en mal estado. Ocho edificios, que albergan unos 22 pisos, presentan hacinamiento y más de un 5% no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, según el Ayuntamiento.

El anuncio de la delimitación del Área de Conservación, la primera que se crea en Cataluña, fue "celebrado" por el grupo municipal de Convergència i Unió (CiU), aunque según su concejal por Ciutat Vella, Mercè Homs, "la medida llega tarde".

Según Homs, los vecinos "han tenido que luchar para que la Administración atendiera sus peticiones de inspección" en inmuebles en los que se desarrollan "actividades ilegales" relacionadas con la prostitución y el tráfico de drogas.

El grupo de CiU también pidió al Ayuntamiento que que concrete de dónde vendrá la financiación que se necesita para terminar el plan, porque "es razonable pensar que no se contará con la colaboración inicial de los propietarios de las fincas y por la crisis".