"Si la Generalitat quería combatir el fraude en la RMI, se ha equivocado"

El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó (Barcelona, 1945), abrió hace días una investigación de oficio después de que el Gobierno de Artur Mas cambiara la forma de pagar la Renta de Mínima de Inserción (RMI). Tras el escándalo suscitado, Ribó considera que el ejecutivo se equivocó con su decisión de abonar la ayuda por talón y confía en que en septiembre se recupere el sistema antiguo de transferencia bancaria.

Pregunta. Usted envió cartas muy duras a los consejeros Mena y Cleries pidiendo una rectificación. ¿Le han contestado?

Respuesta. La relación, a través de mi adjunto, Jordi Sánchez, ha sido fluida. La Administración tiene 15 días para contestar y estamos en ese periodo. Según nuestros datos, a 16 de agosto, 6.000 o 7.000 beneficiarios no habían cobrado, lo que representa un 20% del total [de cada beneficiario dependen una media de 3,25 personas]. Y eso muestra que se han confundido las ideas. Y el teléfono de asistencia, a día de hoy, sigue colapsado. Apoyamos la lucha contra el fraude pero nunca a costa de dejar de garantizar la prestación. Se han equivocado y hemos pedido formalmente la vuelta al método anterior el día 1.

"Confío en que en septiembre se vuelva al anterior procedimiento"

P. ¿Cree que está garantizado?

R. Soy optimista y apunta a que sí, pero no tengo la garantía por escrito. No sé hasta qué punto reconocerán el error. Si querían combatir el fraude, se han equivocado; deben examinar cada expediente. Cuando tengamos la investigación, la enviaremos al Parlament. Pero hasta el Consell de Treball Econòmic i Social, formado por sindicatos y empresarios, rechaza el método.

P. La oposición ha acusado al ejecutivo de mala fe ¿Lo comparte?

R. No calificamos las políticas públicas pero es un error el enfoque de cómo combatir el fraude.

P. Mena ha culpado a miles de marroquíes del mismo.

R. No conozco esas declaraciones pero hay que ser cuidadoso: hay estudios muy rigurosos de La Caixa que dicen que [en España] los inmigrantes no reciben ni el 15% de la renta mínima. Hay partidos, por otro lado, que hacen demagogia con la inmigración.

P. Con la crisis y los recortes, ¿se le han disparado las quejas?

R. No es un problema de número sino de calidad. Solo el 20% de la población conoce la institución. Ya en 2009 con el tripartito, avisamos de que se estaban aplicando políticas pequeñas que afectaban a la línea de inclusión social. Y en 2010, ya alertamos que había políticas de más calado -las becas escolares o las ayudas de alquiler- que afectaban plenamente a la inclusión social. Ahora ya tenemos quejas de diversos sectores como estas del RMI o en vivienda que afectan a derechos de las personas. Desde 2004 se nos ha quintuplicado el trabajo.

P. Pero habrán arreciado las quejas en sanidad ¿Qué panorama ve ante el futuro?

R. Con la crisis y los recortes se están produciendo posibles amenazas a políticas sociales que afectan a derechos. Y no solo el caso de las RMI. Recuerdo haber comentado hace años a la consejera Geli las pocas quejas en sanidad y ahora se nos han disparado por las listas de espera, en el cierre de CAP o en dejar territorios desprotegidos. También las hay por desahucios: la Administración no se había percatado de que en Francia existe la posibilidad de que ejerza de mediador para evitarlos. Las quejas sociales desde enero han aumentado un 10%.

P. Profesionales sanitarios dicen que los recortes ponen en riesgo la salud de las personas.

R. No soy médico. Las quejas dicen que los cambios afectan a los derechos de las personas.

P. ¿Qué le parece que la presidenta de Castilla-La Mancha, en la línea de Berlusconi, quiera incluir dentro de los recortes la supresión del Defensor del Pueblo?

R. Es un recorte simplista y un error conceptual. Si una comunidad autónoma tiene un parlamento que hace leyes y un gobierno que las ejecuta, tiene que haber defensor. A mí me gusta basarme en los marcos legales y en el derecho. Otra cosa es que hayamos creado 17 autonomías, pero donde hay un parlamento, debe haber un defensor. La figura la defienden las distintas instituciones de la Unión Europea. Thomas Hammerberg, comisario europeo de los Derechos Humanos, convoca también a los defensores regionales. Como presidente de los defensores europeos, he estado en Turquía informando de que si quiere entrar en la UE, deben tener uno. Si se lo exigimos a los candidatos, no podemos suprimirlos luego.

P. Usted se ha quejado de forma reiterada de la escasa colaboración del delegado del Gobierno ¿La situación es igual?

R. No es que ayuda, es que obstaculiza. Es absurdo. La ley del Síndic y las leyes administrativas obligan a las instituciones a colaborar y el actual delegado (César Rangel) la incumple. No ha colaborado ni el caso de la muerte de un inmigrante en un centro de extranjeros ni en otro de una huelga de hambre ni en cuestiones de derechos lingüísticos. Lo he comunicado al Parlament para que busque vías de solución.