Desahucios por sorpresa

Ignasi Cisteró y su hija de 12 años dormían ayer en el número 56 de la calle de Ca l'Alegre de Dalt. Por eso no cogieron el teléfono. El dueño del bar de la esquina les llamaba insistentemente para advertirles de que cuatro furgones de los Mossos d'Esquadra estaban en la puerta de su casa. Faltaba poco para las ocho de la mañana. Finalmente, un estrepitoso ruido le sacó de su sueño. Cisteró asegura que los Mossos tumbaron las tres puertas que dan acceso a la vivienda para desahuciarles.

Sin avisar, se quejó ayer el hombre. Pero de forma legal: con una orden abierta del juez que no especifica día y hora concretos, solo un plazo máximo para hacerlo. En este caso, el 31 de julio. Cisteró vive en una casa que arrendó su madre por 60 euros al mes. Pero una inmobiliaria la compró y ahora quiere derribarla.

La fórmula abierta evita la presión social que acompaña últimamente a los desalojos. El lunes, más de 200 personas se plantaron ante una vivienda en el barrio de El Clot para evitar un desahucio. Los antidisturbios cumplieron el mandato del juez, pero 34 personas fueron denunciadas y 10 resultaron heridas (siete de ellas, mossos). El pasado 9 de febrero, en Vic, otro lanzamiento (como se conoce a los desahucios) acabó con altercados con la policía. Trece personas se sentaron ante el juez por resistencia y desobediencia.

El aumento de los desahucios, sumado al auge del Movimiento 15-M, está complicando el panorama. En el primer trimestre de este año se han presentado 1.925 lanzamientos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado, la cifra total creció un 25% respecto a la de 2009 (6.645 frente a 5.321).

"No es habitual que la orden se extienda con un plazo de ejecución tan amplio", lamentó ayer un portavoz de Acampada de Barcelona. La presión social ya logró evitar que echasen a Cisteró de su casa el 20 de junio. Unos 70 manifestantes se apostaron en la puerta y la comitiva judicial cedió. "Siembran el miedo y la incertidumbre", lamentó el hombre.

"Está claro que los jueces tienen la firme voluntad de desahuciar a la gente", afirmó Ada Colau, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En los primeros desalojos, las notificaciones solían incluir día y hora concretos. Ante la presión social, pasaron a ser semiabiertos. "Se realizaban entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, e incluso se ampliaban hasta 24 horas", explicó ayer Lucía Delgado, miembro de la PAH. En ese lapso de tiempo, entidades sociales, vecinos e indignados acudían para evitar los desalojos. La plataforma ha frenado hasta el momento 63 desahucios (una veintena en Cataluña).

"La fórmula abierta es habitual en el caso de usurpaciones de vivienda, los okupas", indicó ayer el abogado Jaume Asens. "En los desahucios es más inusual. Se hace para evitar el efecto llamada, la oposición y la resistencia", añadió. A su entender, el sistema está desbordado: "No existen recursos materiales para hacer frente a los movimientos en contra de los desahucios. Por eso usan la sorpresa y a los antidisturbios". "Quieren desactivar las movilizaciones sociales", advirtió Delgado.

En el desalojo de ayer, nadie acudió en ayuda de Ignasi y su hija. Ya en la calle, observaron cómo varios obreros tapiaban todas las puertas y ventanas del inmueble, de tres plantas.