Cien días de desconcierto

Artur Mas cumple esta semana 100 días al frente de la Generalitat y su primer balance de gestión gravita sobre algo que ni estaba en su programa electoral ni publicitó en sus mítines de campaña: un recorte generalizado del gasto de la Generalitat -en torno a 3.000 millones- que afecta al corazón del Estado de bienestar. La reducción del déficit exigido a todas las autonomías ha alcanzado en Cataluña niveles inauditos y el Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) se ha entregado a ello anunciando recortes sin coordinación aparente y con una mezcla de fatalidad y de voluntad de poner en evidencia el "derroche" de siete años de tripartito de la izquierda.

Pero tras pasarse casi tres meses publicitando esta batería de recortes -desde la supresión de de centenares de plazas hospitalarias hasta la paralización de las obras de construcción de estaciones de metro- y con todas las alarmas electorales de CiU encendidas, Artur Mas ha optado por intentar desviar la atención. Lo ha hecho poniendo encima de la mesa algo difícil de conseguir pero que le puede reportar mayores réditos electorales a corto plazo: la denuncia de que Cataluña vive "asfixiada" económicamente por España y la demanda de una nueva financiación para la Generalitat, similar al concierto económico del País Vasco.

El protagonismo de Duran incomoda en Convergència y a algunos consejeros

Duran vuelve a hablar en nombre de la Generalitat: "No subiremos impuestos"

La implacable batería de recortes y de medidas de austeridad ha decepcionado a más de un votante nacionalista que esperaba que el regreso de CiU a la Generalitat implicara dejar atrás el desbarajuste que caracterizó las actuaciones del tripartito. Si bien no ha habido desacatos a la autoridad del presidente -ningún consejero ha ido a Perpiñán a reunirse con la dirección de ETA, por ejemplo-, ha quedado claro que Artur Mas no tiene la autoridad que en su día tuvo Jordi Pujol sobre su Gobierno. En el intento de ser los primeros de la clase en poner en marcha los recortes, algunos consejeros y dirigentes de CiU han derrapado e incluso han tenido que dar marcha atrás en el anuncio de medidas y diagnósticos.

La rectificación del Gobierno al portavoz de CiU, Oriol Pujol, cuando este afirmó que ya "casi" no se podían pagar las nóminas de los funcionarios es ejemplo de ello. Pero el desconcierto llegó más por la vía de anunciar recortes indiscriminados antes de conocer la situación económica real de la Generalitat, puesto que ni hay presupuesto aprobado para 2011 ni está lista la auditoría que el equipo de Mas encargó para conocer la situación financiera de la institución. Por ello los hospitales han tenido que hacer a ciegas su plan de recorte, lo que ha provocado enfrentamientos incluso con el consejero de Salud, Boi Ruiz, que, pese a proceder de la patronal de los centros concertados, está teniendo serios problemas para imponer sus políticas.

Al desconcierto han contribuido dos factores de organigrama. Por una parte, la abultada presencia pública del líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, quien, si bien no forma parte del Gobierno catalán, influye más que todos los consejeros juntos en la toma de decisiones. Duran incluso ha coqueteado con la idea de convertirse en contrapeso del presidente. El anuncio de que el Gobierno se disponía a eliminar el impuesto de sucesiones, por ejemplo, no lo hizo ni Mas ni el consejero de Economía, sino Duran, en un acto de partido. La jornada de ayer dejó otro ejemplo del papel de Duran como portavoz del Gobierno en la sombra: el democristiano dejó claro que la Generalitat no subirá los impuestos por más que se lo pida el Gobierno central.

El otro elemento que ha dado más de un quebradero de cabeza a los consejeros es que Artur Mas se ha rodeado en el Departamento de Presidencia de sus hombres más fieles en el partido, Francesc Homs (portavoz) y Germà Gordó (secretario del Gobierno), y les ha otorgado gran protagonismo.

Homs y Gordó han sobreactuado hasta eclipsar en ocasiones a algunos consejeros. Por ejemplo, fue el secretario del Gobierno, no el titular de Economía, quien explicó los detalles sobre cómo se reduciría el impuesto de sucesiones, con el consiguiente malestar del equipo del consejero.

El destacado papel del entorno de Mas ha rebajado a la mínima expresión el perfil político de los consejeros del Gobierno, además de permitirles pasar de puntillas por asuntos polémicos. Uno de los más criticados por esto ha sido el titular de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, que ha despachado asuntos como el expediente de regulación de empleo en Yamaha culpando a políticas del Gobierno anterior.

La gestión de los recortes también ha provocado desajustes internos en los departamentos. Uno de los casos más sonados ocurrió en Gobernación, donde la secretaria de Administración y Función Pública, Pilar Pifarré, abogó por replantear el puesto de entre 15.000 y 20.000 funcionarios. Ante la ola de malestar que levantaron estas afirmaciones, la vicepresidenta, Joana Ortega, tuvo que salir a apagar el fuego con un lacónico " en Cataluña no sobra ni un funcionario".

Pero, pese a estos desajustes, la valoración que los ciudadanos dan al Gobierno en las encuestas oficiales es notable y todo apunta a que el Ejecutivo de CiU tiene crédito para rato. Los recortes, por ahora, se han hecho más sobre el papel que otra cosa y los sectores más nacionalistas aplauden el enfrentamiento con Madrid.

Precisamente para alejar los recortes del eje del debate político, el Gobierno catalán ha adelantado su anunciada reivindicación del concierto económico, que inicialmente tenía que esperar hasta después de las elecciones generales del año que viene.

El crédito de los ciudadanos al Ejecutivo también aguanta en parte gracias a que CiU está demorando tanto como puede la visualización de pactos en el Parlament. A falta de mayoría absoluta y con un Partido Popular que se ofrece continuamente a apoyar a CiU, Artur Mas ha optado por dejar pasar las elecciones municipales antes de mojarse. En CiU confían en que los socialistas acaben votando las cuentas del Gobierno, algo poco probable por ahora, al menos de puertas hacia fuera, pues el PSC está indignado por el trato recibido y las acusaciones de haber dejado vacías las cajas de la Generalitat. De pactos con el PP, por ahora, no hay noticia, más allá de darse por descontado que la supresión del impuesto de sucesiones acabará contando con el concurso de los diputados de Alicia Sánchez-Camacho.

Pero si el desconcierto predomina entre los ciudadanos que confiaban en que el Gobierno de Mas tuviera los objetivos claros desde el comienzo, una sensación similar invade las filas nacionalistas del Parlament. Muchos diputados de CiU no acaban de entender gestos como el protagonizado por Artur Mas votando de incógnito a favor de la independencia en una consulta sin validez legal o la próxima emisión de bonos para colocar deuda de la Generalitat tras criticar al tripartito por hacer lo mismo. Ahora bien, en las actuales circunstancias, todos aseguran que 100 días no son nada.