CiU aplaude la carta de Montilla, pero exige que concrete la respuesta

Convergència i Unió rompió ayer su silencio y aplaudió la iniciativa del presidente de la Generalitat, José Montilla, de enviar una carta a 200 entidades y asociaciones económicas, sociales, culturales y deportivas para pedirles su apoyo en una "respuesta unitaria" en caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional recorte el Estatuto. Sin embargo, los convergentes consideran que la carta "llega tarde y es poco ambiciosa". El portavoz del partido en el Parlament, Oriol Pujol, exigió a Montilla que concrete en qué consistirá la respuesta al Tribunal Constitucional y que, igual que ha convocado a la sociedad civil, lo haga con los partidos políticos catalanes que defienden el Estatuto. "Le emplazamos a que convoque una cumbre para que explique qué línea cobijará la respuesta".

Pujol recordó que ante una sentencia adversa su partido sugiere tres frentes de actuación: consultar a la ciudadanía, que el Parlament se pronuncie y establecer mecanismos para no renunciar a ningún ámbito de autogobierno que resulte recortado. El portavoz parlamentario descartó, con todo, un adelanto de las elecciones autonómicas. "Tenemos que comernos el pastel a trozos. Ahora toca el Estatuto", señaló.

Mientras, a Montilla le llovieron ayer las críticas desde el Partido Popular y fue cuestionado por el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso e histórico del PSOE, Alfonso Guerra. El veterano socialista consideró "increíble" la iniciativa del presidente catalán. "Los políticos allí [en Cataluña] están un poco en la estratosfera", arremetió Guerra, que recordó que el Constitucional todavía no ha dictado sentencia, por lo que abogó por acatar el fallo y luego opinar.

En las filas populares, la carta de Montilla fue censurada tanto por la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho -que le pidió que se ocupe de la crisis económica-, como por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo -la tachó de "gravísimo error" y llamó a Montilla a "defender el Estado"-, y por el vicesecretario de Política Regional y Municipal, Javier Arenas. Éste acusó, además de a Montilla, al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de intentar "dictar" al Tribunal Constitucional sus resoluciones y de "saltarse a la torera" el Estado de derecho.

También la diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, cargó contra Montilla, de quien dijo que se ha comportado "como un batasuno al uso" o un "okupa".