Bruselas quiere que la Generalitat se haga cargo de la deuda del ICF

La tarea del Ejecutivo catalán para ir reduciendo su deuda puede toparse con un nuevo obstáculo. La oficina de estadística Eurostat, dependiente de la Comisión Europea, quiere que la Generalitat asuma la deuda de cerca de 3.500 millones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad de crédito pública que ahora funciona con autonomía del Gobierno catalán. La decisión, que ha sido trasladada al Ejecutivo central, supondría aumentar el endeudamiento de la Administración catalana hasta más de 35.000 millones de euros.

Fuentes del Gobierno central explicaron que Eurostat, que vigila las cuentas públicas españolas, considera que el déficit y la deuda del ICF deben consolidarse en los números de la Generalitat. Sin embargo, una portavoz del Departamento de Economía y Conocimiento negó ayer haber recibido ninguna comunicación oficial de la Comisión Europea y resaltó que el ICF es una entidad "completamente dedicada" a dar crédito al sector privado.

Aun así, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ya advirtió el martes, durante la presentación del proyecto de presupuestos para este año, que el "cálculo final del déficit está condicionado por la revisión permanente del ámbito de aplicación de las normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC)". Es decir, que el perímetro de la Generalitat no fuera engrosando y tuviera que asumir organismos en los que "la Generalitat tiene influencia".

Fuentes consultadas, también conocedoras de la petición de Eurostat, explicaron que el problema no será tanto de déficit como de deuda, puesto que esa decisión podría suponer que se torcieran los planes de Mas-Colell, que se ha fijado como prioridad contener el incremento de deuda de los últimos años. Los Presupuestos de 2011 prevén que esta crezca hasta los 37.443 millones de euros, el 17,4%, frente al 36,7% de 2010. El último dato de la deuda del ICF, del pasado diciembre, estimaba que esta ascendía a 3.531 millones. Fuentes consultadas explicaron que el Gobierno central trata de buscar una salida a la petición de Bruselas que no desbarate los planes de Mas-Colell.

La normativa SEC obliga a incluir dentro del sector de la Administración las entidades que tengan unos ingresos por ventas inferiores al 50% de los costes de producción, pero también cuando se interpreta que estas son instrumentos del gobierno para intervenir de forma discrecional en la economía. En el caso del ICF, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, llegó a justificar la última inyección de dinero de Spanair para que esta aerolínea no cayera. Eurostat ya ha tomado esta decisión en otras ocasiones, como el caso del Instituto Valenciano de Finanzas el año pasado.