Ayuda pública para los coches de lujo
El plan de la Generalitat abre la puerta a vehículos de hasta 49.000 euros y muy contaminantes - ICV se desmarca de la medida y lamenta: "No se puede gobernar sin consensuar"
Cataluña ya tiene su plan para reactivar la demanda de automóviles, que durante el primer trimestre ha caído el 37%. Se llama Autocat, subvenciona la compra de vehículos con 500 euros por unidad y amplía la subvención a las furgonetas y las motocicletas. Y también a automóviles caros y contaminantes; esto es, de lujo.
Por intentar beneficiar a los fabricantes en suelo catalán, Seat y Nissan, que fabrican modelos que no entran en el Plan 2000E del Gobierno central, la Generalitat ha aprobado una norma que permite que se cuelen coches cuyos compradores no precisan ninguna ayuda, a la par que emiten mucho más dióxido de carbono (CO2).
A diferencia del plan del Gobierno (que limita la subvención a vehículos de menos de 30.000 euros y que emitan 149 gramos de CO2 como máximo simpre que se desguace uno de más de 10 años), el catalán no fija límite alguno de contaminación, sólo establece que el nuevo coche contamine menos que el que se achatarra. El único tope que establece es de precio: 49.000 euros, ocho millones de pesetas.
Presidencia minimiza el desmarque de ICV: "Lo que importa es que el plan se aplique"
El coche nuevo deberá contaminar menos que el que se lleve al desguace
Este umbral incluye el modelo más caro que Nissan fabrica en Barcelona, el Pathfinder, que cuesta 37.000 euros y emite 274 gramos de CO2, y un montón de modelos de Seat. Pero también autos de la categoría del Jaguar X-Type y del Volkswagen Touareg. Cuestan más de 45.000 euros y contaminan a razón de 249 y 275 gramos, respectivamente.
Esto ha soliviantado a ICV, uno de los socios del tripartito catalán. "Es absurdo potenciar los vehículos que más contaminan" porque "hace falta un cambio de modelo económico para salir de la crisis". "Dar ayudas por igual a quien compra un vehículo de 50.000 euros que a quien compra uno más barato ni es progresista, ni sostenible, ni equitativo", censuró ayer el secretario general de ICV, Joan Herrera. Y añadió: "No se puede gobernar sin consensuar".
La formación ecosocialista recuerda asimismo la contradicción con el compromiso del Gobierno catalán de reducir la emisión de gases, como la limitación de velocidad en las vías de acceso a Barcelona a 80 kilómetros por hora y la introducción de la velocidad variable.
El consejero de Innovación, Josep Huguet, recordó ayer, precisamente, que con la limitación de la velocidad en las áreas urbanas, la diferencia entre un automóvil que contamina mucho o poco es "ridícula". El consejero, que compareció ante los medios tras el habitual Consell Executiu de los martes, se esforzó en dejar muy claro que la ayuda está condicionada a que el coche que se entregue para achatarrar contamine más que el nuevo, con lo que, al cabo, la contaminación se reduce, pero que, en cualquier caso, el plan no persigue cambiar el modelo productivo, sino que responde a una cuestión muy coyuntural, que es la de aumentar la demanda de vehículos, sector del que en Cataluña dependen 36.000 puestos de trabajo entre fabricantes, proveedores y concesionarios.
La batalla declarativa entre los consejeros de ERC y los de ICV se hizo extensiva a la reunión del Gobierno, aunque fuentes de Presidencia minimizaron las discrepancias: "Lo que importa es que el plan se aplique". En ella, el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, y el de Interior, Joan Saura, dejaron claro que se oponían a la medida. Huguet admitió que Baltsar había expresado sus "reservas", pero que había "valorado el saldo positivo de contaminación".
La ayuda catalana complementa los 500 euros del Gobierno y los 1.000 de los fabricantes, que no han aclarado si se sumaran al plan de la Generalitat. Tendrá caracter retroactivo desde el 18 de mayo y a ella podrá acogerse cualquier ciudadano que matricule el coche en Cataluña. En el caso de las furgonetas y los camiones ligeros, no podrán ser de más de seis toneladas ni costar más de 40.000 euros, y en cuanto a los motos, los fabricantes deberán aportar entre 200 y 700 euros.
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