La residencia debía actualizar su plan de autoprotección para emergencias

La residencia Aurora obtuvo la "autorización previa de creación" en mayo de 2002. Era de titularidad privada y, aunque no estaba concertada con la Junta de Andalucía, necesitaba el permiso autonómico para poder operar. La Consejería de Igualdad sostuvo ayer que la "resolución de funcionamiento" se le concedió en febrero de 2006. Tenía permiso para alojar a 22 ancianos, aunque en el momento del siniestro sólo tenía 19 plazas ocupadas.

La última inspección de la Junta se llevó a cabo en septiembre. Según detalló la Consejería de Igualdad, los inspectores señalaron en su informe que la residencia "debía adecuarse a los criterios establecidos en el real decreto sobre Norma Básica de Autoprotección de los Centros", un texto de 2007. Pero Igualdad se negó a aclarar ayer qué aspectos concretos debía actualizar la dirección del geriátrico. Estaba previsto realizar una nueva inspección en el mes de marzo para comprobar "esa adecuación normativa".

Micaela Navarro: "El centro cumplía con todos los requisitos exigidos"

La consejera reconoce que los técnicos requirieron "remodelaciones"

Igualdad añadió que en 2002 y en 2006 la residencia sí "cumplía con toda la normativa en vigor, tanto en materia de accesibilidad, como térmica, acústica, medidas contra incendios, plan de evacuación y emergencias", además de contar con la "ratio de personal legalmente exigible para estos centros". Sin embargo, la Junta no especificó los apartados de la normativa vigente ahora que incumplía el centro. La titular de este departamento, Micaela Navarro, afirmó que el centro "cumplía con todos los requisitos exigidos", aunque reconoció que los inspectores habían requerido "algunas remodelaciones" a los dueños.

Dolores Morán, de 82 años, lloraba ayer a la puerta de la residencia Aurora. "Ha sido un milagro, menos mal que me lo llevé hace dos meses, ha sido en la misma habitación en la que él dormía". Morán hablaba de su marido, que padece Alzheimer y que residió en el geriátrico hasta hace unas semanas. Esta vecina, que pagaba al mes unos 1.500 euros, recordaba ayer cómo la propietaria de la residencia tenía ingresados allí a una prima, que falleció en el siniestro, y a su propia madre, que pudo salvarse.